Mérida, Yucatán.- En demanda de certeza y garantía sobre los fondos de retiro y mejora en el monto de los pagos, maestros y empleados estatales se manifestaron frente al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Con cartulinas y a gritos reprocharon la inminente quiebra financiera del organismo y acusaron a los gobernadores Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, así como al operador de la ex mandataria Ulises Carrillo Cabrera, de quienes exhibieron fotografías.

Reclamaron el silencio de la directora general del ISSTEY, María Isabel Rodríguez Heredia, a la petición de actualizar las jubilaciones o pensiones con base en el decreto de modificación del artículo 74 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán publicado en el Diario Oficial del Estado el 20 de noviembre de 2017.

Al respecto, José Anselmo Uc Suárez, uno de los afectados, explicó que la intención es retirarse con 10 salarios mínimos y no con ocho.

“Lo cual no representan una carga financiera adicional al sistema que actualmente se ofrece”, alegó.

Los inconformes mostraron copia de escrito firmado por el subdirector de Pensiones y Gestión Financiera del ISSTEY, Eduardo Pacheco Pinedo, fechado en junio pasado.

Suman ya 240 días de plazo de entrada en vigor esta modificación y hasta hoy no hay una respuesta positiva, a pesar de que también se giraron solicitudes en noviembre de 2018 y enero de 2019 para su conocimiento, dijo Uc Suárez.

La presencia de los inconformes ante oficinas del ISSTEY obligó a la Policía Municipal al cierre por horas de la calle 66 entre 65 y 67.

Al respecto, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que el Gobierno del Estado tiene obligación de responder y sugirió esquemas como la venta de activos, el endeudamiento o pedir la ayuda federal para enfrentar el problema.

“Es mejor alejarse de las explicaciones fáciles e ir a las soluciones por difíciles que sean.

“No descarto que se hayan cometido infracciones, errores, delitos en su momento; eso tendrá que resolverlo una autoridad. Por lo pronto, el gobierno debe garantizar el derecho de los trabajadores y luego deslindar responsabilidades”, puntualizó en entrevista.

(Jesús Mejía)