Mérida, Yucatán.- El diferendo sobre el cobro del derecho para reforzar la seguridad pública en Yucatán vía Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá ser resuelto entre el propio gobernador Mauricio Vila Dosal y el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó la diputada panista Rosa Adriana Díaz Lizama.
La coordinadora parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) reconoció que se han dado distintos posicionamientos en el tema, lo cual, dijo, tendrá que resolverse desde el ámbito federal con el el Ejecutivo local.
Las reacciones surgieron a partir de un mensaje de la secretaria de Energia, Rocío Nahle García: “El recibo de consumo de electricidad que expide la CFE es un documento oficial federal y se administra con total responsabilidad para los usuarios en México. Y no está a disposición para manejos externos”.
Esa posición contrasta con el oficio SSB/DW 01/0335/2019, con fecha 5 de noviembre de 2019, en el que José Antonio Aguirre Leyva, responsable Suministrador de Servicios Básicos en la División Comercial Peninsular de CFE, responde que “la CFE […] considera que es viable y está facultada para realizar el cobro de servicios distintos al suministro eléctrico a través de contratos de colaboración con entidades estatales”.
Al respecto, Díaz Lizama manifestó su extrañeza por tales afirmaciones de Nahle García.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Yucatán, Felipe Cervera Hernández, indicó que el Legislativo ya ejerció su responsabilidad y coincidió con su colega panista de que la decisión sobre el cobro del concepto de seguridad se mantiene y será un asunto que deberán resolver los titulares de los órdenes estatal y el federal.
“Corresponde al Poder Ejecutivo determinar qué otras vías vías considere adecuadas para resolver esa situacion. Es un tema que está en el ambito de los poderes ejecutivos y habrá que esperar que solución le den al respecto”, declaró por separado.
Otro priísta, Luis Enrique Borja advirtió que el tema es más jurídico que político y toca a la Consejería Jurídica del Estado resolver en consecuencia.
De manera paralela, partidos políticos como el PRI, del Trabajo(PT) y organizaciones sociales han anunciado amparos y recursos de inconstitucionalidad contra esa contribución en cuanto sea publicado por el Diario Oficial estatal.
De acuerdo con lo aprobado en el reciente Paquete Fiscal 2020, se aplicaría vía recibo de la CFE una aportación de 290 pesos a personas que paguen entre 201 a siete mil pesos y un ocho por ciento a quienes paguen más de siete mil pesos.
(Jesús Mejía)
