Por Jesús Mejía
Mérida, Yucatán.- Pese a la entrada en vigor del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), que garantiza la prestación de servicios médicos sin discriminación alguna, la realidad es que existen incertidumbre, desconocimiento y rechazo a brindar atención a los que no son derechohabientes del IMSS o del ISSSTE.
En un recorrido por la Unidad de Medicina Familiar 52 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Mérida, personal de asistencia reveló que no hay servicio médico de primer nivel ni en el segundo y mucho menos en el tercero a quienes no son derechohabientes.
Al mostrar una cartilla de instrucciones para empleados del IMSS, señaló que la institución continúa con su sistema habitual para derechohabientes y su esquema de cuotas.
Aclaró que, en caso de que alguna persona no asegurada requiera consulta médica gratuita, se le orientará para que sea atendida en los centros de salud, en las unidades médicas del IMSS Bienestar, así como en los hospitales rurales y comunitarios.
El personal de la UMF 52 informó que la instrucción es no abrir las consultas a quienes no son derechohabientes y sólo ante la eventualidad de urgencia o gravedad hasta que el paciente se estabilice y pueda ser canalizado a otro organismo.
Para el diputado Manuel Díaz Suárez, presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, no existen reglas claras, bases de aplicación y menos reglas de operación para la prestación de los servicios médicos de manera general como pretende el gobierno federal.
“El INSABI es un caos”, puntualizó en entrevista.
Aún se desconocen cuáles son los derechos y obligaciones de los pacientes, de los trabajadores, y con qué recursos va a operar, subrayó el legislador y médico general.
Expresó que persiste incertidumbre entre alrededor de 300 trabajadores que tenían contrato temporal con el Seguro Popular, el cual desapareció por decreto y sustituido por el INSABI.
Mientras cunde la desinformación, añadió, hay gente que acude sólo con su credencial de elector al ISSSTE o al IMSS para solicitar atención, la cual no reciben.
“No digo que no hay una planeación detrás de ello, pero como se presenta parece una ocurrencia”, remarcó el panista respecto a esta estrategia en materia de salud pública.
Por su parte,Jervis García Vázquez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, coincidió en que hay incertidumbre respecto a la aplicación de INSABI, ya que deja en indefensión laboral a los mencionados 300 empleados que formaban parte del Seguro Popular.
