Por Jesús Mejía

Mérida, Yucatán.- Pese los llamados en todos los niveles sociales de parar las agresiones y abusos sexuales contra mujeres, la reciente violación a una bebé de 5 años de edad en el municipio de Kanasín exhibe la contradicción.

J. M. U. y T. S .C., los padres de la menor T.D.S.C.C. , luchan por que se haga justicia en contra del responsable del ultraje, que no salga libre por falta de pruebas como lo han sugerido autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero en el hogar ubicado en la colonia Los Arcos de esa ciudad conurbada con Mérida, el cual fue visitado por el cuñado, Luis Antonio H.U., de 27 años de edad, esposo de la hermana de la denunciante.

En el predio los hombres ingirieron bebidas alcohólicas y a las 21:30 horas aproximadamente el matrimonio decidió ir por la citada consanguínea a la colonia Tulipanes de la misma demarcación, por lo que la madre dejó a sus tres hijos menores de 9, 5 y 3 años de edad a cargo del visitante.

En el camino, la mamá de los niños se percató de haber olvidado su cartera y regresó a la casa cuando sorprendió al hombre con las manos en las partes íntimas de su hija.

La ofendida, de 25 años de edad, increpó al sujeto por su proceder, lo que fue confirmado por la otra pequeña de 9 años, quien relató haber atestiguado el ataque.

Al conocer las circunstancias, el papá llamó a policías estatales, quienes detuvieron y trasladaron al violador a la unidad de la FGE en Kanasín, con denuncia asentada en el acta PA-A4/50/2020 del Ministerio Público del fuero común.

La madre refirió que agentes periciales acudieron a su casa a constatar el daño a la niña, a quien encontraron, incluso, rasgos de sangre, por lo que ya recibe, atención y terapia psicológica especializada.

La señora reveló haber sido advertida en la FGE de la posibilidad de que el presunto pudiera quedar libre posterior a las 36 horas del arresto, si no se reunían los elementos de prueba suficientes.

Apoyada por otros parientes, sostiene su reclamo de justicia, e informó que ya participó en una primera audiencia y se programó una segunda para el próximo 3 de marzo con el fin de ratificar las acusaciones y aportar otros datos.

Al dolor, la madre sumó la necesidad de cambiarse de domicilio dado que –según compartió–, ha recibido amenazas de la parentela de la persona detenida.

El padre dedicado albañilería y la madre a labores de limpieza doméstica, de condición modesta, declararon no tener recursos para pagar un abogado, pero confiaron en que las autoridades de la FGE harán todo lo necesario para evitar la impunidad.

Luis Alberto Canto Salazar, fiscal de la Unidad de Investigación y Licitación de la FGE en Kanasín, lleva el procedimiento en contra del tío político de la infante.

(LectorMx)