Por Jesús Mejía

Mérida, Yucatán.- Comandantes y elementos de la Policía Municipal de Progreso, así como el alcalde Julián Zacarías Curi, se encuentran en un verdadero problema ante la justicia, ya que en breve serán acusados de privación ilegal de la libertad, violación a los derechos humanos, incluidas prácticas de tortura, y homicidio culposo.

Lo anterior forma parte de la integración de pruebas y testimonios por parte de la profesora María Guadalupe Pech Solís y su esposo Roni Gonzalo Torres Mena, quienes fueron detenidos sin orden judicial alguna, golpeados y torturados el pasado 10 de junio, involucrados en la muerte del policía Luis Manuel Pacheco, acuchillado horas antes en la colonia Vicente Guerrero del puerto.

Por recomendación de asesores legales, informó que integrará todas las pruebas para sustentar el expediente qué será canalizado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codhey) y ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quienes resulten responsables.

Incluso, indicó que se enviará el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para velar por la aplicación del Protocolo de Estambul en contra de prácticas de tortura y tratos inhumanos y degradantes, por lo que el caso puede tener resonancia mayor.

Guadalupe Pech mencionó que el día de los hechos a las 3 de la madrugada fueron sometidos por la fuerza primero su esposo y luego ella por elementos de la policía municipal, quienes los detuvieron, golpearon y trasladaron a los separos, además de que les fue despojada una camioneta de uso familiar.

La afectada, quien es maestra del Colegio de Bachilleres de Cholul, dijo haber suplicado a las tres agentes que la detuvieron que no la golpearan dado que se encontraba con dos meses de embarazo; sin embargo, continuaron con los golpes en todas las partes de su cuerpo.

Mencionó que trataron de forzarla a firmar una declaración en la que ella aceptaba ser responsable del homicidio de dicho policía, lo cual, aclaró, no hizo.

En entrevista, narró que su esposo, dedicado a la reparación y administración de lanchas pesqueras, igual fue torturado e inculpado con supuestas pruebas “sembradas” por el crimen contra el agente, el cual, aseguró, no conocían.

Precisó que ante la falta de pruebas para acusarla, fue liberada por la noche el mismo día, en tanto que su cónyuge de 40 años estuvo detenido 72 horas y le fue negada una solicitud de amparo por acusación de homicidio, lo que también constituye una irregularidad judicial.

Expuso que ante los dolores en el vientre, acudió al médico que le determinó la muerte de su bebé debido a los golpes recibidos, de ahí que formulará el cargo también de homicidio culposo.

Pech Solís informó que el día de los hechos había otras 20 personas detenidas en los separos de la policía municipal por el mismo motivo.

La profesora de 38 años de edad responsabilizó en general a los policías de Progreso, entre ellos los oficiales Emilio Caamal y Melina Uribe Febles, y a los que de manera omisa actuaron, así como al alcalde de Progreso.

Como otra irregularidad citó el despojo de una camioneta de su propiedad modelo 2004, así como de su teléfono celular y dinero en efectivo, además de que le exigen pagar un multa por la retención vehicular.

De acuerdo con testimonio de otros ocupantes de celdas, los policías municipales exigieron pago de cinco mil pesos a cada uno para ser liberados.

Mientras está en marcha la integración de los expedientes, la maestra responsabilizó de antemano de cualquier otro perjuicio a su familia, entre ellos un hijo de 11 años, tanto a las autoridades del Ayuntamiento como a la propia policía municipal.

(LectorMx)