Mérida, Yucatán.- Investigadores de la Universidad McGill y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) advirtieron de los graves riesgos que conlleva la construcción del Tren Maya sobre la biodiversidad, los recursos de agua y la considerable presencia de comunidades indígenas que no fueron tomadas en cuenta en la planeación del proyecto.

Rodrigo Patiño Díaz, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) Unidad Mérida del IPN, e Ivet Reyes Maturano, antropóloga social del Centro de Estudios McGill de Quebec, Canadá, cuestionaron la falta de objetividad y la carencia de información de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentado por los promoventes del Tren Maya.

La península es una zona muy vulnerable, ya que están en riesgo las áreas forestales, cuerpos de agua (cuatro ríos y cinco lagunas), humedales (petenes) y sistemas costeros de Campeche y Quintana Roo, además de Áreas Naturales Protegidas, 10 en Quintana Roo y 5 en los otros cuatro estados, expusieron los ponentes.

En la disertación virtual sobre “El proceso de evaluación de impacto ambiental del Tren Maya, un análisis crítico desde la sociedad”, recalcaron que las obras agravarán los problemas de intensa deforestación, contaminación y sobreexplotación de recursos, y hablaron de la expansión urbana de 88 mil hectáreas entre 1990 y 2019 y el “tsunami” turístico inmobiliario.

También argumentaron perjuicios para la agroindustria a partir de monocultivos intensivos como maíz híbrido, soya, sorgo, caña de azúcar y palma africana además de granjas porcinas y avícolas.

Lo más grave, remarcó el doctor Patiño Díaz, es la flagrante y clara violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas de los cinco estados, mismas que no fueron consultadas ni mucho menos tomadas en cuenta para un proceso de planeación que incluyera sus necesidades de desarrollo.

Esto, agregó el experto, fue reconocido por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas al conocer los procesos viciados, insuficientes y sin representatividad de las consultas en diversas comunidades mayas.

La MIA –ponderaron– fue elaborado sin un análisis serio de las consecuencias de la implementación del proyecto mal llamado Tren Maya, gentilicio que adquirió sin la aceptación de los pueblos originarios de la región para la promoción política del régimen federal.

Como ejemplo, mencionaron que la MIA no específica el impacto que tendrá en los recursos hídricos de la península el consumo de agua entre la población usuaria del transporte, tanto de las 18 estaciones como de las necesidades en los más de mil 500 kilómetros de recorrido.

Tampoco existe información acerca de las medidas de mitigación que implicará el daño en el trazo de la reserva de Cuxtal al sur de Mérida y sólo se habla de un convenio entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) –como promovente– con el gobierno municipal, pero se desconoce los alcances del mismo.

Criticaron la falta de transparencia en la toma de decisiones y el comienzo de las obras antes de las autorizaciones ambientales y otros estudios económicos, sociales o antropológicos, además de que en el proceso el proyecto presenta cambios de manera constante.

“Cuando se elabora la MIA el presupuesto ya fue asignado y la obra licitada, por lo que queda poco margen de maniobra para realizar cambios al diseño o en su caso efectuar incrementos al presupuesto asignado para las medidas ambientales compensatorias”, se indicó durante el encuentro transmitido en redes sociales.

Igual reflexionaron respecto al enorme costo aplicado en estudios de preinversión para la construcción de la vía ferroviaria de casi 187 millones de pesos, con una MIA elaborada con un enfoque parcial a favor del proyecto

Por todo lo anterior resumieron la necesidad de que representantes, investigadores y académicos, así como las comunidades mayas, puedan participar en la toma de decisiones.

(Foto inicial: archivo)

(LectorMx)