Mérida, Yucatán.- Tres mujeres que han denunciado acoso laboral y sexual en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Mérida recibieron el apoyo de femeninas quienes al mismo tiempo respaldaron la labor de la magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz por su lucha contra las mafias inmobiliarias en Yucatán.

Este pronunciamiento dual, a las afectadas –que son parte de la movilización que inició ayer– y a la titular del TUA Distrito 34, provocó confusión inicial y desató discusión de algunos empleados por la defensa a favor de Ochoa Muñoz, a quien achacan omisión o solapamiento de sus subalternos.

Inconformes de la oficina en esta ciudad demandaron de manera pública la remoción de la magistrada –quien asumió el cargo en junio de 2019–, por tolerar supuestos actos ilegales y agresiones de Hugo Molina Aguilar, jefe interino de la Unidad Jurídica, y de Betsabé Rojas Coronel, secretaria de Acuerdos.

Las activistas Gina Villagómez Valdés, Milagros Herrero Buchanan, Adelaida Salas Salazar, Ligia Vera Gamboa y Rosalía López Castro, entre otras, acudieron en solidaridad con las tres denunciantes, aunque la primera académica aclaró que también reconocen el desempeño de Ochoa Muñoz quien recientemente emitió sentencia contra grupos de interés que despojan de tierras a ejidos y campesinos.

En un momento, representantes sindicales y trabajadores increparon verbalmente a las feministas. El acalorado intercambio no llegó a mayores.

Los líderes gremiales recalcaron que su protesta es porque la magistrada ha ignorado las arbitrariedades de sus colaboradores Molina Aguilar y Rojas Coronel.

La magistrada Ochoa Muñoz, al llegar a su despacho, alegó que está dando el seguimiento a las demandas de los manifestantes.

Las víctimas son Ileana Guadalupe Cen Medina, Alba Ruth Sánchez Cruz y Estefani Isabel Cocom Sulum.

Ésta última, renunciada por no aguantar la presión, declaró con lágrimas que siente temor por los ataques de que fue objeto.

Las quejas se encuentran en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y asientan que la situación comenzó en agosto de 2019, a partir del 1 de marzo de 2020 sintieron hostigamiento y llevaron el caso en dicha instancia en febrero de 2021.

Las activistas concertaron una reunión con la magistrada para analizar el tema de las mujeres hostigadas.

Las peticiones planteadas hace un mes al pleno del Tribunal Superior Agrario, que preside la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, no han tenido respuesta a la fecha.

Los 10 operativos del TUA ratificaron que se mantendrán de “brazos caídos” hasta que obtengan solución de las instancias correspondientes.

(LectorMx)