Mérida, Yucatán.- Representantes de micros y pequeñas empresas del ramo de la construcción en la península de Yucatán expusieron que han sido relegados de las obras del Tren Maya, proyecto que tiene un retraso acumulado de dos años en diferentes tramos por fallas e irregularidades en su construcción.

El presidente nacional y el delegado estatal en Yucatán de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Ricardo García de León Coria y Jorge Villalobos Herrera, respectivamente, expusieron que no se cumple al ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de generar la derrama económica en los estados.

En rueda de prensa, declararon que son las grandes compañías las que deciden la subcontratación sin tomar en cuenta a las firmas locales en las entidades federativas.

Villalobos Herrera precisó que, de acuerdo con estudios técnicos de AMIC, el Tramo 3 –de Maxcanú a Izamal– debería llevar un avance del 60 por ciento, pero sólo se ha construido de un 10 a 15 por ciento, lo que también ocurre en otras secciones hasta alcanzar un acumulado promedio de dos años de demora.

Rechazó versiones oficiales de que el futuro circuito sólo lleva retardo de cinco meses, ya que generalmente mienten, dijo, cuando dan cifras como ocurre en los casos de la inflación y crecimiento económico.

Precisó que en Yucatán suman unas 80 pequeñas empresas de la construcción con experiencia y capacidad probada tanto en el ramo de la proveeduría y servicios, como en la edificación, que están interesadas en participar, generar empleos y formar parte del proceso de reactivación económica.

A su vez, García de León Coria lamentó que en general en el desarrollo de obras públicas y de infraestructura prevalece la corrupción, la falta de transparencia en las licitaciones e irregularidades en contrataciones de los tres órdenes de gobierno.

“Es el mismo problema, las mañas de siempre, sólo cambian los nombres de los funcionarios que asignan mediante concursos amañados las obras a empresas propias que están a cargo de prestanombres”, sentenció el dirigente de AMIC, con 57 delegaciones en todos los estados de la república.

La AMIC presentó al Congreso federal un proyecto de desarrollo de obra pública social e infraestructura que podría incluir a 200 mil micros y miniempresas del sector, con asignaciones de proyectos a cada una por montos de 1.0 a 1.5 millones de pesos.

Esto podría generar cerca de un millón de empleos y, por supuesto, mayor beneficio social, afirmó el directivo en alusión al “Proyecto para la reconstrucción de México” que entregó a Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

“No ha pasado nada y estamos esperando que en la revisión del presupuesto general se tome en cuenta esta propuesta que sólo busca generar mayor derrama y bienestar social”, recalcó, al referir que la agrupación que encabeza fue creada hace 15 años y cuenta con dos mil afiliados.

Por lo anterior, llamó a las autoridades federales, estatales y municipales a transparentar los procesos de concurso y licitación para incorporar a las pequeñas empresas, principales generadores de fuentes de trabajo a las cadenas productivas.

Aseguró que la AMIC es una organización con ética, moral y honestidad, con un alto nivel de cumplimiento de las obras y que incluye a empresas socialmente responsables.

El delegado de la AMIC en Campeche, Orlando Apolinar Sánchez, expuso que la opacidad y falta de transparencia son también palpables en su estado, y citó la reciente licitación para edificar un parque en Hopelchén, donde participaron más de 30 empresas, pero se asignó a una sola de manera preferente.

Ambos, según comentaron, sostendrán un encuentro con delegados y empresarios de la construcción de la AMIC de los estados el sur-sureste del país para analizar las condiciones de operación y revisar su participación en las asignaciones de obra pública e infraestructura.

(LectorMx)