Mérida, Yucatán.- En su papel de “defensor de la economía de las familias”, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso otra prórroga para el remplacamiento en Yucatán, ahora hasta finales de diciembre, y la disminución del cobro por el trámite.

El presidente estatal del tricolor y el coordinador de la bancada en el Congreso del estado, Francisco Torres Rivas y Gaspar Quintal Parra, respectivamente, se manifestaron también por el “cese inmediato de la campaña de intimidación” contra quienes no han cumplido, aunque intentaron –sin lograrlo– deslindar de esas prácticas al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el priísta Luis Felipe Saidén Ojeda.

“La gente está molesta y se siente realmente amenazada por parte del gobierno estatal…”, dijo Torres Rivas,

En conferencia de prensa, refirió que más de 342 mil usuarios no han podido realizar el cambio de placas, justo en este momento cuando las familias hacen un esfuerzo adicional para adquirir útiles escolares de sus hijos.

“La gente no cuenta con los recursos suficientes en sus hogares…”, esgrimió.

A modo de justificación, aseguró que en Yucatán, “uno de los más caros en este rubro”, los automovilistas tienen que pagar mil 715 pesos, en comparación con los 841 pesos que se aplicaron en 2017.

En contraste, citó, en la Ciudad de México el cobro es de 804 pesos, y en Estado de México, de 844 pesos.

“Yo creo que hay que cumplir con este ciclo de reemplacamiento, pero ajustando los costos y los tiempos; hay que ser realmente empático con lo que esta viviendo hoy la gran mayoría de las familias yucatecas…”, sostuvo Torres Rivas, cuya renuncia del Comité Directivo Estatal han exigido amplios sectores de sus correligionarios.

El diputado local Quintal Parra, con gran demagogia, recordó que en el presupuesto de este año han planteado que sólo se cobre por el costo de la placa, es decir, 170 pesos, una medida que nunca aplicaron gobiernos del PRI.

“Que no se lastime la economía de las familias… Y que también se evite pues la persecución y el clima de zozobra y de amenaza que se vive en estos días…”, alegó.

Sin embargo, cuando se le señaló que Saidén Ojeda es quien aplica los operativos, reviró que la seguridad es competencia de la SSP y el cobro de la Secretaría de Administración y Finanzas.

“Lo que preocupa, sobre todo, es este cobro innecesario que no tiene nada que ver con la seguridad…”, apeló.

Ambos priístas no aclararon si su propuesta será enviada de manera formal al Ejecutivo.

(LectorMx)