Mérida, Yucatán.- Con luces y sombras, el Congreso de Yucatán aprobó reformas que configuran una mayor regulación en materia de tenencia de la tierra, uso de suelo, desarrollos inmobiliarios y de orden en el crecimiento de la ciudad de Mérida y de los municipios.

Por mayoría, se dio aval a la modificación de la Constitución Política del Estado y la expedición de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Procuración de Justicia Ambiental y Urbana.

También se incluyen cambios a la Ley de Gobierno de los Municipios, la Ley de Desarrollo Inmobiliario, la Ley de Vivienda y la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio, todas de Yucatán.

Según lo acordado, la Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana se encargará de aplicar castigo a desarrolladores inmobiliarios y a la gente que transgreda estos ordenamientos.

Por primera vez se toma en cuenta la movilidad como un punto a considerar cuando se proyecte un desarrollo inmobiliario en la ciudad de Mérida y en los municipios del interior del estado.

También se otorgan garantías a la tenencia de la propiedad jurídica, el patrimonio de quienes compren un condominio o lotes de inversión.

Así, se garantiza que todo lo que ofrezcan las inmobiliarias: parques, canchas, casa club en caso de fraccionamientos privados, al momento de adquirir una vivienda o departamento, los desarrolladores tendrán primero que crear estas amenidades para la distracción y sano esparcimiento de las familias, antes de ofertar sus productos.

Los panistas defendieron que se da un paso firme contra la especulación y el engaño.

La diputada Carmen González Martín alegó que con estas acciones se hace frente al futuro de la habitación en Yucatán y presumió “el orden” como característica fundamental.

Ese marco, sostuvo, permitirá mejor calidad de vida, transformación, seguridad y certeza a las familias que vivan aquí.

El priísta Gaspar Quintal Parra reconoció apertura de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación al recibir propuestas y aportaciones para enriquecer los dictámenes.

“Quienes integramos la Fracción Legislativa del PRI tenemos el objetivo de garantizar una vida digna a todas las yucatecas y yucatecos, lo hemos demostrado al impulsar el reconocimiento constitucional del Derecho a la Ciudad y lo refrendamos en el presente dictamen mediante nuestras aportaciones”, dijo.

Por Movimiento Ciudadano, Gabriela González Ojeda propuso agregar la palabra “movilidad” a la definición de derecho a la ciudad, así como garantizar el uso racional y la no contaminación del agua y respecto a la Ley de Vivienda, que en los objetivos de ésta se establezca la obligación del Estado de garantizar el derecho a la movilidad en todos los espacios donde se desarrolle vivienda, pero no se admitieron por mayoría.

Por Morena, Rafael Echazarreta Torres, advirtió que habrá afectaciones en Yucatán por los próximos 25 años en crecimiento y desarrollo urbano.

“Esto es un secuestro a la propiedad privada, estamos legitimando al primer cartel inmobiliario gubernamental…”, acusó en tribuna.

Cuestionó que con la nueva Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana se pretenda regular “hasta el último centímetro de tierra” que hay en el territorio estatal.

Tras la aprobación, el Ejecutivo estatal –promotor de la iniciativa– celebró que el ordenamiento de los asentamientos humanos en Yucatán le permitirá seguir siendo un estado con calidad de vida, en transformación, manteniendo sus niveles de seguridad y brindando confianza a las inversiones que permiten el crecimiento económico, pero, sobre todo, certeza a las familias.

En especial destacó que se hayan fijado parámetros para la reducción de riesgos ante desastres, garantizando la seguridad de los habitantes, la participación ciudadana para la gobernanza territorial, así como la instauración del sistema de información territorial y urbana del estado de Yucatán.

La Asociación de Profesionales Inmobiliarios Sección (AMPI) Mérida calificó como “importante hito para la industria inmobiliaria” la creación del Registro Estatal de Asesores.

El presidente de la agrupación, Enrique Trava Griffin, expresó satisfacción por el reconocimiento y valoración para la profesión de asesor inmobiliario.

Este logro, derivado de la aprobación legislativa, establece la obligatoriedad para todo asesor de registrarse en un padrón, cumpliendo estrictos requisitos de conocimientos, aptitudes y experiencia establecidos por ley.

En cuanto al beneficio directo para los ciudadanos, resaltó que el patrimonio estará más protegido al recibir asesoramiento de profesionales acreditados y con experiencia.

Este paso garantiza seguridad y respaldo al comprar o vender una propiedad, evitando riesgos asociados a la falta de conocimientos en una actividad de impacto directo en las familias, abundó el empresario.

(LectorMx)