Por Jesús Mejía

Mérida, Yucatán.- Representantes de organizaciones emergentes aglutinadas en la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán (CAAY) clausuraron de manera simbólica las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Yucatán, ya que consideran que en vez de servir a la comunidad lo hace a favor de intereses mercantiles.

La concentración pacífica en la sede de Conagua del fraccionamiento Yucalpetén de Mérida se sumó a las realizadas en unos 20 estados del país por grupos sociales y ambientales, así como colectivos indígenas, para evidenciar que la Conagua “no funciona adecuadamente”.

Esa dependencia debe de cambiar o dejar de existir, expuso la activista Teresa Vaught Charruf en plantón, en el que acusaron opacidad en la aplicación de recursos federales, de falta de voluntad y capacidad de inspección-verificación y sanción, incapacidad recaudatoria y corrupción.

“Todo esto debe cambiar para así cumplir con el derecho humano al agua consagrado en la Constitución”, afirmó –a su vez– el activista Félix Novelo Coello, quien planteó que la Conagua no ha desempeñado su papel regulador y ha permitido a las grandes industrias cerveceras y porcícolas la sobreexplotación y la contaminación del vital líquido.

En el sitio, los líderes expusieron, en la lectura de un documento, que es un mito la información de la Conagua de que la península de Yucatán tiene agua ilimitada y que pueden seguir llegando industrias a este territorio, sin colapsar el acuífero ya sea por contaminación o sobreextracción.

Sin embargo, refirieron que en sólo 17 años, de 2003 a 2020, el volumen de agua subterránea disponible ha disminuido en un 59 por ciento, al pasar de cinco mil 759 millones de metros cúbicos a dos mil 386 millones de metros cúbicos, conforme datos de Forbes.

También señalaron que Conagua ha concesionado tres mil millones de metros cúbicos, es decir el 52 por ciento del agua disponible para la expansión de la industria porcícola y avícola, la construcción de parques industriales, inmobiliarias, el crecimiento de la industria refresquera y cervecera en la región peninsular.

Tan sólo en 2017, de los cuatro mil 793 hectómetros cúbicos (volumen de un cubo de 100 metros de lado) del preciado líquido consumido ese año, un 13 por ciento correspondió al suministro público, un 72 por ciento al sector industrial y un 14 por ciento al sector primario (agricultura y crianza de animales), según datos de Conagua.

Los asistentes, entre ellas la diputada local de Quintana Roo, Luz María Beristáin y la propia Teresa Vaught Charruf confiaron en que el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum colocará como primer tema de la agenda legislativa la propuesta de Ley General de Aguas para garantizar su acceso como un derecho humano.

(LectorMx)