Cancún, Quintana Roo.- Los legisladores federales no están escuchando al pueblo, a los abogados, a las universidades ni al personal del Poder Judicial Federal, que son los que conocen la realidad, advirtió Leopoldo Cruz Navarro, abogado con 30 años de experiencia y especialista en materia penal.

“Lo grave es que no nos están escuchando y ellos ya traen una línea que les puso su líder (AMLO), y aquí la pregunta y el cuestionamiento que todos nos debemos hacer como ciudadanos es: legisladores federales y locales, inclusive, ¿A quiénes representan? ¿Al pueblo, que es como dice la Constitución o a una persona o a un grupo?”, expuso en entrevista.

“Porque estos legisladores, a estos foros, han ido a repetir el discurso del presidente (de la República) el por qué sí quiere la iniciativa…

“Pero no están escuchando, no están escuchando a los que operamos el sistema. Si alguien sabe del Poder Judicial, somos los abogados que todos los días estamos en tribunales, ejerciendo los derechos de nuestros patrocinados”, abundó a pregunta de la periodista Nictehá García.

A título personal, el también presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya afirmó que el problema de nuestro sistema de justicia no es el Poder Judicial, sino de donde se originan las investigaciones: las policías, los ministerios públicos y las fiscalías, así como por la situación de las defensorías de oficio.

Consideró que con estas instancias debería comenzar una reforma seria e integral, y el Poder Judicial a lo último, para tener una justicia pronta y expedita como todo mundo quiere.

“Ahí radica el problema de nuestro sistema…”, sostuvo.

Cruz Navarro aseveró que la reforma –aprobada en la Cámara de Diputados– “lo que busca es controlar al Poder Judicial como lo tuvimos hace varias décadas donde el presidente de la República decidía todo y donde no había contrapesos.

“Hoy el único contrapeso que nos queda es el Poder Judicial.
Como estamos ahorita la presidenta puede hacer lo que quiera”, expresó.

Opinó que la propuesta de elegir a 600 nuevos funcionarios entre cuatro mil candidatos, “es una locura”, sin tomar en cuenta que a los interesados no les piden grandes experiencias ni carrera judicial.

“Hoy los jueces, además de tener que ponderar lo mejor para la persona en cuanto a la Constitución y sus leyes, también tiene que verificar por cuestiones de convencionalidad, si pudiera beneficiarle alguna ley internacional al momento de tomar su decisión…”, refirió.

Los jueces están obligados –asentó–, porque así lo establece la Constitución y nuestras leyes, a garantizar los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia.

“Los que no son abogados no van a poder identificar quién es el mejor perfil…”, anticipó.

El especialista penal reprobó, además, la creación de dos órganos: el que va vigilar los recursos del Poder Judicial (invadiendo facultades y autonomía), y el Tribunal de Disciplina.

“Quieren que si un juez no responde en seis meses iniciarle procedimiento e incluso poderlo llevar a procesos penales, si toma una decisión que al gobierno no le convenga”, observó.

Por ello, alertó de la actitud del presidente de la República de distraer la opinión con la elección popular de ministros, magistrados y jueces, cuando el peligro es de fondo.

(LectorMx)