Por Jesús Mejía

Mérida, Yucatán.- Organizaciones defensoras de migrantes advirtieron hoy que entre 10 mil y 15 mil yucatecos podrían ser deportados en los próximos años de extremar las restricciones contra trabajadores migratorios advertidas por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.

Expusieron que esto podría representar una caída en las remesas de hasta un 30 por ciento al estado de Yucatán, que durante 2024 sumaron más de ocho mil 500 millones de dólares.

De ocurrir esto perjudicaría la economía de familias de comunidades y regiones con mayor cantidad de migrantes, en lo que se refiere al consumo de bienes y servicios.

Tales perjuicios a la economía podrían darse principalmente en 52 municipios de Yucatán, entre ellos, Oxkutzcab Tekax, Cenotillo, Tunkás, Peto y Tekit, que son los de mayor cuantía de trabajadores migrantes en Estados Unidos.

A tres días del cambio de gobierno en EU, César Michel Aldana, secretario general de la Asociacion de Jaliscienses Unidos en Acción Radicados en USA, y el presidente de Poder Migrante en Yucatán, Miguel Ángel Martínez Contreras,
llamaron a las autoridades estatales y municipales, así como a los empresarios, a tomar medidas de protección a los migrantes en situación vulnerable.

Anticiparon que la iniciativa de endurecimiento de medidas expuestas por Donald Trump durante su campaña de impulsar la deportación masiva ya tiene consecuencias y la tendrá en las políticas públicas contra ese sector.

De hecho las acciones y las restricciones contra los trabajadores migrantes ya han entrado en fase crítica ante los actuales interrogatorios y las exigencias en los trámites migratorios, recalcó Michel Aldana.

Los migrantes de origen rural, así como el sector de la construcción, principalmente, son los más vulnerables, ya que gran parte de ellos carece de documentos de identidad o identificación que les permita tramitar sus credenciales de elector y pasaportes y, por ende, reforzar su calidad migratoria.

Indicó que los gobiernos estatales y municipales y las instancias federales tienen que adoptar medidas para la expedición pronta y expedita de documentos o actas de residencia, así como de credenciales de elector y pasaportes.

Es importante, explicó, la participación de los empresarios, ya que las remesas que ingresan al estado son fuente de derrama, consumo y generación de empleos, por lo que la reducción afectaría la venta y producción de bienes y servicios, de ahí la necesidad, dijo, de que también contribuyan a paliar la situación.

Los representantes de apoyo a trabajadores migratorios comentaron que las dos organizaciones más grandes que aglutinan a asociaciones afines en Estados Unidos, que son Fuerza Migrante y el Colectivo de Organizaciones y Federaciones Mexicanas de Migrantes, ya realizan campañas para que los trabajadores migratorios mexicanos regularicen su residencia.

Es necesario también reunir fondos para, en un momento dado, contratar abogados orientados la defensa legal de los derechos de los migrantes y, en caso de deportación, preparar o resolver el retorno desde sus comunidades de origen a sus fuentes de trabajo en EU.

“Los hubieras no existen, tenemos que tomar medidas inmediatas en ese sentido aún antes de que Donald Trump asuma el cargo de presidente el próximo lunes”, urgió Martínez Contreras en conferencia de prensa ofrecida.

También se sumaron a este posicionamiento el comisionado Indígena de Poder Migrante, Guillermo Cab Nic, y la comisionada de Asuntos de Migrantes, Kowe González Sotomayor.

(LectorMx)