Mérida, Yucatán.- El 40 por ciento del agua que se distribuye en Mérida llega de la zona de Homún, en donde el gobierno de Yucatán autorizó una granja de cerdos, cuyo potencial de contaminación es elevado.
De acuerdo con Emmanuel González Ortega, investigador de Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, las granjas de cerdos utilizan grandes cantidades de antibióticos para prevenir enfermedades en los animales lo que hace que las bacterias se vuelvan resistentes.
Explica que el agua que abastece a Mérida puede eventualmente llegar contaminada con bacterias dañinas; las infecciones pueden ser incurables porque no habrá medicamento que las contrarreste.
De acuerdo con el investigador, está documentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacións (FAO, por sus siglas en inglés) el riesgo que representa la utilización masiva de antibióticos en la producción de alimentos.
Representantes de grupos de ciudadanos de origen maya se pronunciaron contra varios proyectos del Gobierno.
El investigador aclaró que no existe otro opción que cancelar el proyecto si se quiere evitar un problema de grandes dimensiones, porque no basta con el tratamiento de aguas residuales o excretas para evitar la contaminación.
González Ortega expuso el caso de la potencial contaminación de la megagranja porcícola en el marco del
foro “El pueblo maya peninsular ampara la vida de su territorio de las políticas públicas que la mercantilizan”.
Amparo contra el Acuerdo par la Sustentabilidad de la Península de Yucatán
El encuentro, que reunió a varias organizaciones no gubernamentales, se pronunció en contra del llamado Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), firmado por los gobiernos de los 3 estados de la Península de Yucatán, en 2016.
Denunciaron que varios proyectos calificados como “verdes” están deforestando la zonas mayas, y despojando de sus tierras a comunidades indígenas, bajo engaños.
Aseguraron que los indígenas firman papeles en blanco porque los engañan con beneficios que supuestamente les dejarán los proyectos económicos que no solo no llegan sino que afectan el lugar donde viven.
Ante esta situación, representantes de 2 de las agrupaciones interpusieron amparos contra el ASPY, y el juzgado segundo federal se los concedió, lo que frenó la ejecución del acuerdo peninsular.
El juez ordenó que se realizara una consulta con los pueblos indígenas, pues la ley señala que todo proyecto que pretenda realizarse en u territorio de pueblos originarios debe consultarse, lo que no ocurrió en el caso de ASPY.
Los activistas enumeraron los argumentos para “impugnar” el ASPY:
- No sé redactó en maya, lengua originaria de los pueblos afectados.
- No hubo consulta pública.
- Decretaba a los pueblos mayas como atractivo turístico.
- No fue publicado en ninguno de los Diarios Oficiales de los Estados.
- No están los gobiernos facultados para tomar decisiones en nombre de los pueblos originarios.
Según Raymundo Espinosa, abogado de los ciudadanos amparados, el Gobierno de Yucatán metió un recurso de revisión que, hasta ahora, no ha sido aceptado por el juez de distrito, por lo que están en espera.
Pero el juez ordenó hacer la consulta en las comunidades, para ver si avalan el ASPY, y están en ese proceso, que está bajo responsabilidad de la Comisión de Nacional para el aDesarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
El abogado aseguró que el amparo no solo es para los ciudadanos que los promovieron: Pedro Uc y Russel Peba -presentes en la rueda de prensa-, de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, o para sus comunidades, sino para todo el territorio de los mayas de Yucatán.
Los activistas denunciaron que no solo en el caso de la megagranja de cerdos en Común se engañó a los mayas, sino también en los proyectos de energía solar y eólica (viento).
