Mérida, Yucatán.- Integrantes de 17 ejidos de diversos municipios de Yucatán ocuparon oficinas de la Procuraduría Agraria (PA) para exigir la destitución del delegado, Alfredo Ramírez Gómez, a quien acusan de irregularidades en su desempeño y de propiciar el despojo de tierras.
Encabezados por el asesor jurídico Salvador Arteaga Trillo, los campesinos irrumpieron en la dependencia federal y pidieron a los empleados abandonar el edificio con el fin de permanecer en plantón hasta que su petición sea escuchada y atendida de manera favorable.
Habitantes de Ucú, Tetiz, Hunucmá, Kanasín, Chocholá, Seyé, Samahil y Tecoh, entre otros, clausuraron de manera simbólica el inmueble, ubicado en la esquina de las calles 66 por 63 del centro histórico de Mérida. La primera se encuentra cerrada a la circulación vial.
Arteaga Trillo acusó al responsable de la PA de crear inestabilidad en los ejidos, de no respetar la vida interna de los mismos y de fomentar la violación de acuerdos de asamblea, lo que ha derivado en pérdida de propiedades y otros perjuicios.
Ramírez Gómez ocupa el cargo desde el 4 de diciembre de 2018 a propuesta de Luis Hernández Palacios y Rafael Minor Molina, actuales procurador y subprocurador agrarios, a quienes se vincula con la ex titular de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en un desvío de 185 millones de pesos en irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Por ello, los inconformes solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del coordinador general de programas federales en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, ya que Ramírez Gómez –dijeron– utiliza a la institución como si fuera su despacho particular para extorsionar y amenazar.
El asesor jurídico comentó que el delegado está vinculado a conflictos en Oaxaca, particularmente en los ejidos de Monte del Toro, donde favoreció a la empresa minera Fortuna Silver Mines en detrimento de campesinos de ese estado.
Arteaga Trillo informó de la integración de una comisión que viajará a la Ciudad de México para exponer sus quejas en contra de Ramírez Gómez ante la Secretaría de la Función Pública, así como a diputados federales y senadores.
(Jesús Mejía)