Merida, Yucatán.- Hoy lunes 13 de marzo, ejidatarios y habitantes de Chocholá, Yucatán, se manifestaron a la puerta del Palacio de Gobierno de Yucatán, pidieron la intervención del Gobernador Rolando Zapata, ante el despojo de sus tierras y los abusos cometidos por el delegado de la Procuraduría Agraria, Lic. Omar Corzo Olán.
Todo inició ayer, domingo 12 de marzo, cuando se celebraron dos asambleas ejidales en el poblado de Chocholá. La primera en la casa Ejidal, y presidida por la comisaria Claudia Cob. La segunda se llevó a cabo en un improvisado toldo al aire libre, instalado en el parque por un empresa yucateca, y fue presidida por personal de la Procuraduría Agraria. Ambas respondían a la convocatoria oficial emitida por esta autoridad agraria para una asamblea en la que el punto principal era “la ratificación o la remoción del Comisariado y en Consejo de Vigilancia” de esa localidad.
En la Casa Ejidal, la comisaria Cob y su equipo mostraron a los ejidatarios las actas de asambleas anteriores en las que ellos habían sido ya ratificados, tanto en 2016 como recientemente en febrero del 2017, incluyendo su debido registro con firma y sello de la propia Procuraduría Agraria. Al revisar estos documentos, los ejidatarios presentes confirmaron que ya no era necesario, ni válido, volver a tocar ese punto, y dieron por terminada la asamblea.
Sin embargo, mientras tanto, los representantes de la Procuraduría Agraria continuaron la segunda asamblea con los ejidatarios opositores a Claudia Cob. El objetivo era claramente su destitución, ya que las autoridades insistieron en continuar a pesar de importantes irregularidades:
• Suplantaron a las autoridades agrarias locales, al cambiar de lugar la asamblea y presidirla ellos directamente, a pesar de que el comisariado ejidal los invitó a pasar a la Casa Ejidal en múltiples ocasiones.
• Instalaron la asamblea a pesar de no contar con el quórum requerido en la convocatoria: asistieron 279 de los 284 ejidatarios necesarios. De hecho, los funcionarios de la Procuraduría fueron grabados cuando explicaban a la asamblea que –“siempre no”- que ahora esta asamblea sería válida con la presencia de los ejidatarios que llegasen, violando normas agrarias y su propia convocatoria.
• Permitieron la participación con voz y voto de 30 ejidatarios que estaban castigados por irregularidades cometidas en meses anteriores, por acuerdo de asamblea ejidal también previamente notificado a la Procuraduría Agraria. Algunos de ellos son reconocidos por haber organizado internamente el intento ilegal de venta de más de dos mil hectáreas a prestanombres de la empresa PROSER. Al descontar a estas 30 personas, el número de asistentes es aún más alejado del mínimo requerido y por lo tanto, esta asamblea no era válida desde su inicio.
Al concluir su asamblea, el Comisariado Ejidal de Chocholá y más de 300 ejidatarios y otros vecinos asistentes, estuvieron tentados a entrar al lugar donde la Procuraduría Agraria presidía la asamblea, pero decidieron no hacerlo para evitar una confrontación violenta. “No es la primera vez que la empresa intenta enfrentar a unos ejidatarios con otros; nosotros somos vecinos y no queremos que en Chocholá haya divisiones y odio que se quedarán acá por muchos años”, señaló la comisaria ejidal, Claudia Cob. Además, dijo, “necesitamos estar unidos para oponernos a la verdadera amenaza que hay sobre Chocholá, que es la calera ó cementera que se quiere instalar a las afueras del poblado. No estamos contra el parcelamiento o contra el progreso, sino contra los efectos ambientales y en la salud contrarios a la población de Chocholá y de Yucatán!” dijo la comisaria.
Esta intervención de las autoridades agrarias ha profundizado, contrario a su función, los conflictos internos y la desconfianza entre la población de Chocholá. Con este intento de remoción de la Comisaria Ejidal actual, y con la creación de conflictos, no hay ninguna ganancia para la comunidad de Chocholá, ni para el estado de Yucatán, otrora conocido por su tranquilidad…. Al contrario, el delegado en Yucatán de la Procuraduría agraria, licenciado Omar Corzo Olán, solo favorece a la empresa privada que busca la instalación de una fábrica de productos cálcicos en el territorio de Chocholá, y a la que se opone su población y la comisaría ejidal Claudia Cob. Dicha construcción ha sido por ahora clausurada por la PROFEPA dado su terrible impacto ambiental…y en la práctica, el delegado Corzo Olán está representando a la empresa privada, intentando quitar de en medio a quienes organizan y lideran la oposición a ese desastre.
La población mostró finalmente su desacuerdo, mismo que han manifestado hoy lunes 13 por la mañana, directamente al gobierno del estado de Yucatán, pidiendo su intervención ante la parcialidad y violaciones legales del delegado de la Procuraduría Agraria.
(Comunicado)
