Por Jesús Mejía

Mérida, Yucatán.- La futura Ley General de Aguas debe contener mecanismos que impidan la autorización de actividades y proyectos que vulneren el derecho humano al agua como son las granjas porcícolas, el uso de plaguicidas y la sobreexplotación de los recursos hídricos.

Elena Burns, representante de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos Agua para la Vida, expuso lo anterior y subrayó la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle a partir de tres iniciativas existentes por una ley que garantice el acceso humano y la sustentabilidad de los recursos hídricos.

En entrevista, reconoció la vulnerabilidad que para la Península de Yucatán, particularmente el Anillo de Cenotes y los mantos freáticos representa el actual modelo económico, que privilegia intereses particulares ante la necesidad de mantener la calidad de los recursos de agua existentes.

“Necesitamos potenciar a la ciudadanía, ya que los distintos niveles de gobierno son vulnerables a los intereses particulares. Los presidentes municipales, la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) y cualquier autoridad no son garantía en la defensa del agua”, afirmó.

La activista resaltó que la Península de Yucatán dispone de recursos hídricos subterráneos, los cuales son extremadamente vulnerables a la contaminación, además de que enfrentan dificultades para sanear y revertir las inmundicias que en la actualidad le llegan.

“Aunque la contaminación del agua resulta en más de 100 mil millones de pesos anuales en daños a la nación –según el Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)–, la Conagua no exige permisos de descarga a los usuarios industriales y sólo tiene 85 inspectores en todo el país”, recalcó.

La también investigadora se refirió no sólo a los daños que provocan las granjas porcícolas, sino también a la presencia de plaguicidas organoclorados que, de acuerdo con estudiosos de la Universidad Autónoma de Yucatán, se han detectado en los municipios de Celestún, Abalá y Buctzotz, así como en la comisaría de Ddzibilchaltún.

Indicó que desde las reformas de 2012 en la Constitución General de la República se estableció de manera muy clara la necesidad de contar con una ley sobre aguas que garantice el acceso humano y el aprovechamiento sustentable, la cual debió estar lista en el 2013 y ahora toca a la actual Legislatura federal decidir.

“Las y los integrantes de Agua para Tod@s vigilaremos que el dictamen fortalezca los derechos humanos al agua y el saneamiento, acceso, equidad, justicia hídrica, participación ciudadana y rendición de cuentas que nuestro país necesita y desalentar cualquier acción que privatice su acceso”, puntualizó.

Para ello, llamó a realizar consultas abiertas con los ciudadanos y los pueblos indígenas con el fin de que se pueda garantizar el precepto constitucional del acceso y sustentabilidad del agua.

Confió que la actual Legislatura sacará adelante dicha ley en octubre de este año o a más tardar en febrero de 2021 y poder festejar el 22 de marzo del próximo año el día Mundial del Agua con nuevo marco jurídico que garantice el acceso al vital recurso a las actuales y futuras generaciones de mexicanos.

La Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos Agua para la Vida cuenta con representantes de 411 organizaciones y pueblos, además de investigadores de todo el país.

En la Península de Yucatán opera el Consejo Ciudadano que articula a organizaciones y pueblos mayas.

(LectorMx)