Mérida, Yucatán.- Las comparecencias con motivo de la Glosa del II Informe de Gobierno en Yucatán, por primera vez en la historia ante el pleno del Congreso local, derivaron en una pasarela para la reiteración de cifras y conceptos con escasa aportación adicional a lo ya difundido.

Los temas que inauguraron hoy las rondas: Gobierno, Seguridad y Estado de Derecho, con la presencia de los secretarios General de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra; de Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe Saidén Ojeda, y de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya, así como el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Juan Manuel León León.

En un siguiente bloque: Desarrollo Humano, a cargo de los secretarios de Salud estatal, Mauricio Sauri Vivas, y de Educación, Loreto Villanueva Trujillo.

Todos los funcionarios rindieron protesta de decir verdad como lo establece la nueva reglamentación aprobada el año pasado.

De manera previa, Fritz Sierra refirió que la pandemia de Covid-19 obligó al Ejecutivo local a tomar medidas adecuadas a la dimensión del problema, aunado a los ciclones tropicales que afectaron el territorio yucateco.

“Se tiene claro que referirse a 2020 es hablar de un año totalmente atípico y, en consecuencia, un informe igualmente singular”, expresó en la apertura, y citó que el documento refleja daños y reparaciones, pero también esperanza.

La funcionaria subrayó que se encuentra abierto el 96 por ciento de la economía de Yucatán, y que se priorizó la salud, sin dejar de atender las demás necesidades, principalmente la paz, la seguridad, la justicia y el desarrollo.

“Sin dejar de lamentar las pérdidas de nuestros seres queridos, de guardar y de respetar los lutos, nos estamos levantando”, dijo más tarde a los diputados.

Después de sus exposiciones, los funcionarios contestaron las preguntas de legisladores.

Por ejemplo, Saidén Ojeda alegó que, en la evaluación de control y confianza, el 2.98 por ciento de los dos mil 606 policías estatales evaluados el año pasado no acreditaron.

Mientras, de los 603 municipales evaluados, el 9.21 no acreditó.

En el caso de la SSP, los reprobados son reubicados “en otras opciones” como bomberos, paramédicos o administrativos.

En cuanto a derechos humanos, refirió que de 434 mil 337 “llamadas verdaderas de auxilio” –de las que resultaron 10 mil 953 detenciones– se recibieron 104 quejas atendidas por la conciliación y el diálogo, así como 13 recomendaciones aceptadas y en vías de cumplimiento por medio del Órgano de Control Interno de la SSP.

A su vez, el fiscal reveló que hasta el momento no ha habido observaciones en la entrega recepción de la FGE y se ha buscado acelerar el trámite de recepción de denuncias en un tiempo máximo de 15 a 20 minutos.

Respecto a la averiguación a su antecesor (Wilberth Cetina Arjona) por presuntos delitos, argumentó que, de acuerdo a la información de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se inició de manera oficiosa la investigación correspondiente el pasado 12 de noviembre.

En su turno, Rosas Moya habló de un manejo “eficiente y transparente” de los recursos en un año insólito que cambió radicalmente los planes, con menores ingresos, que llevaron a la reorientación de gastos a 3 rubros prioritarios: la salud, la recuperación económica y apoyos a las familias que vieron afectados sus ingresos.

Y afirmó Rosas que la pandemia y los eventos meteorológicos cambiaron radicalmente el escenario, convirtiendo a 2020 “en el año más difícil en la historia contemporánea de Yucatán”.

En ese lapso, los ingresos propios cayeron en mil 798 millones de pesos; los ingresos de libre disposición estimados en 20 mil 464.9 millones de pesos, bajaron a 18 mil 772.6 millones de pesos, una caída de mil 742 millones de pesos. A lo que se sumaron “importantes reducciones en los ingresos federales”.

Sin embargo, aseveró, la adecuada gestión financiera permitió la ratificación de la buena calificación crediticia de Yucatán por parte de HR Ratings, Moody’s y Fitch.

En tanto, Sauri Vivas señaló que Yucatán ocupa el lugar 19 en cuanto a defunciones por Covid-19, es decir, una tasa de 133.46 por cada 100 mil habitantes.

(LectorMx)