Mérida, Yucatán.- En lo que se espera un rechazo anticipado y generalizado al cultivo de soya transgénica, organizaciones sociales, campesinas e indígenas se aprestan a organizar la consulta con las 25 mil familias de comunidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, afectadas por el empleo de esa variedad modificada.

En Yucatán, la consulta pública se realizará en los próximos seis meses en las poblaciones indígenas de Santa Elena, Ticul, Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Peto y Tizimín, informaron representantes y especialistas de asociaciones campesinas en el inicio hoy de la Conferencia Internacional Sobre el Derecho a la Consulta Previa.

Los promotores del juicio contra del cultivo de soya transgénica y que obtuvieron el fallo favorable definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se preparan para responder al requerimiento de los magistrados de pedir la opinión de los habitantes de esas demarcaciones.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Batllori; los investigadores Remy Van Dame, del Colegio de la Frontera Sur, y Jaime Rendón, del Instituto de Ecología y Oceanografía del Golfo de México, destacaron la decisión de la corte, pero ahora toca a las comunidades, indicaron, decidir al respecto.

El pasado ocho de marzo el máximo tribunal del país emitió una sentencia que ordena a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,  Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) abstenerse de otorgar permisos de liberación o siembra de maíz transgénico hasta resolver en definitiva el juicio colectivo promovido por científicos, especialistas y campesinos.

Dicha sentencia emitida por el Segundo Tribunal Unitario en materias Civil y Administrativa, encabezada por el magistrado federal Benjamín Soto Sánchez, representa un revés a las empresas transnacionales demandadas desde de julio de 2013 por el uso de transgénicos como Monsanto, Syngenta, Pioneer- Dupont y Dow en estados de la Península de Yucatán.

Dichas poblaciones ubicadas al sur y oriente del estado, declararon afectaciones en sus apiarios y cultivos por la contaminación generada por la siembra de la soya transgénica, cuya planta requiere de agroquímicos para su conservación.

La prohibición de expedir cualquier otro permiso de soya transgénica a nivel comercial dictada por la SCJN, permitirá consultar a las comunidades en los próximos seis meses la pertinencia de dicha semilla modificada y sus cuidados, indicó Ramy Van Dame, al ser consultado sobre este proceso.

Mencionó que no se trata de un litigio en contra de las empresas que comercializan soya transgénica, sino del empleo general de esa semilla y de las consecuencias que sobre el medio ambiente implica, como son la contaminación y la deforestación.

Sin duda es un logro, sin embargo, prosiguió el investigador, el campo enfrenta otras amenazas relacionadas con otros cultivos transgénicos, el uso de insumos sintéticos, la nanotología aplicada, el uso de múltiples variedades de plaguicidas y otros.

Durante los trabajos, los participantes expusieron como premisa que la agricultura ecológica o tradicional es capaz de garantizar la soberanía alimentaria, de tal manera que los transgénicos no se necesitan para erradicar el hambre, aspecto que respalda la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura.

El titular de la Seduma afirmó que el fallo de la corte (en cultivos de maíz) implica mayor credibilidad y confianza de la población hacia nuestras instituciones, y se pronunció también en contra del uso de soya transgénica por ser altamente perjudicial el medio ambiente.

Los expertos se reúnen desde este jueves en la sede del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)  y mañana viernes atenderán a partir de las 15:30 horas el tema del derecho a la consulta previa al empleo de semillas modificadas y estándares jurídicos en torno al tema.

(Jesús Mejía)