Mérida, Yucatán.- Las comunidades mayas de la Península de Yucatán no están lo suficientemente preparadas para opinar sobre los cultivos transgénicos de maíz y soya, aceptó el Dr. Remy Van Dame, investigador titular del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).
“Es decir, sí falta un trabajo informativo muy importante”, afirmó en entrevista.
Y señaló que esa tarea corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como a las comisiones Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Sostuvo que las comunidades deben recibir información en un idioma y en un lenguaje que sea accesible a todos los campesinos.
En la Conferencia Internacional “Los derechos a la consulta previa y al desarrollo de los pueblos indígenas en México”, que se celebra en Mérida, indicó que también de parte de las agrupaciones civiles y de la academia se requiere proveer la información necesaria y hacerla accesible a las comunidades.
El integrante del sistema de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES por sus siglas en inglés) de la ONU, se congratuló con la reciente decisión de la justicia federal que frenó y condicionó la siembra de maíz genéticamente modificado (OGM).
Se refirió así a la resolución del titular del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa, Benjamín Soto Sánchez, quien resolvió que el Gobierno no podrá otorgar, por ahora, permisos para transgénicos de maíz en fase comercial, sólo en fases experimentales o de programas piloto.
La sentencia establece que las empresas interesadas tendrán que aplicar medidas de contención que resulten eficaces para limitar el contacto del organismo genéticamente modificado con la población y el medio ambiente.
“Hablar de maíz criollo en México, estamos hablando de dos mil, tres mil años de domesticación del maíz; es una planta capital para la alimentación, pero también es parte del patrimonio nacional en términos históricos, culturales y ese es un patrimonio muy importante de proteger.
“A la hora de permitir la siembra de maíz transgénico, no hay manera de proteger al maíz criollo, siempre habrá contaminación de manera inevitable”, estableció el experto.
“La posición del Tribunal es reconocer esta importancia para la alimentación, pero esta importancia también como patrimonio nacional colectivo para proteger el maíz”.
En otro punto, alertó que la deforestación en municipios de la Península de Yucatán “es paralela o correlacionada” con el cultivo de soya transgénica.
“No necesariamente que se deforesta para sembrar soya, pero conforme más se siembra soya, más hay deforestación”, dijo.
En cuanto a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (de agosto de 2015) para que se aplique la consulta a las comunidades originarias, comentó que dicha instancia reconoció que ese ejercicio no se había cumplido.
Ahora, enfatizó, proceso tendrá que ser previo, libre e informado antes de autorizarse el cultivo intensivo de maíz y soya transgénica.
El encuentro, que concluye este viernes, plantea a los participantes enfoques ambiental, antropológico y jurídico.
La consulta se aplicaría en localidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo en los próximos seis meses.
