Con 116 votos a favor y cuatro en contra, el pleno del Senado aprobó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
La nueva legislación, que fue avalada luego de más de cinco horas de discusión, también fue aprobada en lo particular, sin aceptar ninguna de las reservas presentadas por legisladores de Oposición.
Durante el debate, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, aseguró que las nuevas disposiciones empoderan a los ciudadanos, que presidirán el Comité Coordinador y la secretaría ejecutiva del SNA.
“Es una ley potente, fuerte, que empodera a los ciudadanos y apuesta por las instituciones”, dijo.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas, consideró que la nueva ley fue avalada luego de un proceso escabroso que puso en evidencia las peores prácticas del Senado.
Además, lamentó que delitos como el soborno hayan quedado intocados.
Al presentar votos particulares, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, condenó que la legislación no toque al Presidente de la República.
La perredista Dolores Padierna consideró que las nuevas disposiciones se quedan cortas ya que no sancionan el conflicto de interés.
La nueva Ley del Sistema Nacional Anticorrupción dará creación a un Comité Coordinador y otro de Participación Ciudadana.
El primero será presidido por ciudadanos, de manera rotativa, durante el período de un año. El segundo quedará integrado por cinco ciudadanos, pagados por honorarios, que durarán cinco años en su cargo.
Serán elegidos por un comité seleccionador, de nueve integrantes, que a su vez será designado por el Senado, en consulta con instituciones académicas y especializadas.
La ley también establece la figura de un Secretariado Ejecutivo, que operará como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador.
Derivados de la nueva disposición se crearán los Sistemas Estatales Anticorrupción, que tendrán como piso las mismas normas que el Nacional.
La nueva estructura contempla una Plataforma con sistemas de Evolución Patrimonial y Declaración de Intereses, el Nacional de Servidores Públicos Sancionados -también conocido como lista negra-, el de Información y Comunicación del Sistema y Fiscalización, el de Denuncias Públicas, Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción.
(El Siglo de Torreón)
