Cancún, Quintana Roo.- Un primer diagnóstico sobre el estado de la administración estatal en Quintana Roo arrojó que se encuentra “en situación de quiebra financiera”.
El coordinador general del Equipo de Transición, Francisco López Mena, cuantificó un déficit de operación, que llegará al 25 de septiembre, en dos mil 700 millones de pesos.
En un reporte de avances en el proceso de entrega recepción, planteó un panorama crítico, pero descartó eventuales recortes de personal de base y operativos.
Entre las causas del faltante: una incorrecta distribución de los recursos que se han destinado en mayor medida al gasto corriente y un endeudamiento excesivo que ha cancelado la posibilidad de conseguir dinero adicional.
“La imposibilidad de acceder a fondos federales de programas tan importantes, como los que apoyan a campesinos, indígenas o emprendedores, debido al incumplimiento en las aportaciones estatales o bien asuntos que ponen en riesgo funciones tan estratégicas para el desarrollo del estado como lo es la promoción turística.
“Y una mala calificación crediticia y operativa del estado que nos coloca en desventaja para la búsqueda de fuentes de financiamiento públicas y privadas”, explicó en conferencia de prensa.
El propio gobernador electo, Carlos Joaquín González definió en su cuenta de Twitter: “En este gobierno tendremos un estricto programa de austeridad ante el saqueo y abuso del gobierno actual”.
Según cifras de sus colaboradores, la deuda de largo plazo ante instituciones financieras asciende a 19 mil 197 millones de pesos, y la de corto plazo a dos mil 421 millones de pesos, mientras que las participaciones federales están comprometidas en un 80 por ciento.
Para enfrentar el panorama y tratar de revertirla, señaló que se establecen estrategias como la reasignación del gasto, la definición de programas estratégicos para orientar la inversión, un estricto plan de austeridad y la negociación con el Gobierno Federal de apoyos que permitan cumplir con las obligaciones contraídas.
Junto con Juan Vergara, coordinador del Eje de Finanzas, reveló que no existe una nómina consolidada, pues su captura es parcializada y fragmentada.
“Hay más de un sistema y no se integra toda la información en una sola base. No ha habido una auditoría de nómina que permita corroborar la relación servidor público-función pública. Hay grandes disparidades en la asignación de compensaciones en personas con un mismo nivel.
“No sabemos cuántos servidores públicos hay en el estado. No sabemos cuántos de ellos realmente trabajan. No sabemos cuántos dependen de la nómina federal y trabajan en instituciones del Gobierno del Estado”, abundó López Mena.
Del 1 de septiembre a la fecha, se analizaron casos de dos mil 971 empleados de confianza en diferentes nóminas, y se observó abuso” en el pago de honorarios.
“Sabemos que existen nóminas especiales. No sabemos con exactitud quiénes están, ni cuánto cobran. Estos y otros aspectos están siendo revisados a profundidad”, dijo.
Describió que en la mayoría de las dependencias hay malas condiciones en las oficinas y carencia de insumos para laborar.
“De igual manera se ha detectado falta de mantenimiento en hospitales, escuelas, unidades móviles, casas de cultura y en general en los inmuebles responsabilidad del Gobierno estatal. Existe notorio deterioro de la documentación y falta de espacio en los archivos General y de Notarías”.
Adelantó que muchos de los asuntos implican violaciones a la norma, algunas de carácter penal y otros probablemente no.
En su oportunidad, Juan Vergara comentó que la operación del gasto corriente anual es equiparable a 19 mil 702 millones de pesos.
De esa cantidad, “con buenas y mejores prácticas” se prevé ahorrar dos mil 152 millones de pesos para tratar de cubrir el exceso y “darle la vuelta”.
Es muy pequeño, pero sí lo vamos a lograr; está muy complicado pero lo vamos a lograr, acotó.
Las nóminas especiales y de honorarios quedarán cubiertas al 15 de septiembre, hasta que se realicen las aclaraciones pertinentes.
El próximo lunes se tendrá un siguiente corte de información.
