Cancún, Quintana Roo.- Las primeras denuncias por 15 juicios simulados que llevaron a despojos de predios a personas físicas y morales en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad están ya en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los casos forman parte de investigaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), en los que se vieron involucrados funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCyA), en la administración de Roberto Borge Angulo.

“Por el momento son 15 juicios apócrifos los que hemos detectado, pero es muy probable que salgan más por la pérdida de documentos”, reveló Catalina Portillo Navarro, titular de la STyPS.

“Tenemos que hacer primero la reposición de autos de esos expedientes que están perdidos y los que son especiales, y existen embargos inscritos en el Registro Público de la Propiedad y no tenemos conocimiento sobre ellos”, explicó.

Entrevistada en Playa del Carmen, refirió que esos delitos están documentados y forman parte de las cinco denuncias penales que interpuso la semana pasada la STyPS en la FGE.

En las querellas, se incluyó la desaparición de expedientes, con lo que se refrenda, apuntó, el compromiso del gobernador Carlos Joaquín de lograr un Quintana Roo más justo, con rumbo y con orden.

Dado que en los actos de las JCyA intervienen no sólo los presidentes, sino los secretarios generales, los de acuerdos y los actuarios, no descartó que haya más inculpados y se proceda a otras demandas penales.

Este martes, Portillo Navarro interpuso nuevas denuncias por presunto peculado, debido a la sustracción de dinero que debía ser entregado a los trabajadores que habían sido favorecidos en los laudos.

Mencionó que en las cajas fuertes de seguridad los patrones depositan el dinero a favor de sus ex empleados, el cual debe ser resguardado por el presidente de la JCyA t entregarlo al destinatario.

Sin embargo, en las actas de entrega-recepción resultaron faltantes, tanto en cantidades en efectivo como en cheques.

Por separado, en Chetumal, el gobernador Joaquín González firmó el Acuerdo para la Modernización de la Administración Pública del Estado.

“Para convertir a Quintana Roo en un estado moderno, confiable y con oportunidades para todos; con un Gobierno cercano, honesto y eficiente, necesitamos reconstruir las instituciones y organismos descentralizados que han estado tan vapuleadas”, expuso el mandatario.

“Nos hemos puesto como meta no sólo transformar los trámites y servicios, sino incluso eliminar los que no aporten ningún valor”, abundó.

El convenio tiene como objetivo lograr una administración pública moderna que cuente con las herramientas para afrontar los retos que la nueva realidad política, económica y social de Quintana Roo.

Éste contempla cuatro etapas: Revisión-diagnóstico, Instrumentación del Modelo, Implementación de Programas y Evaluación del Desempeño, detalló el presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo (IAPQROO) León Ricardo Lizárraga Cubedo.

(Con información de STyPS)