Mérida, Yucatán.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Ailloud, aceptó que es necesaria una nueva ley que investigue y sancione la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes.
El funcionario consideró que ésta debe estar enfocada a la prevención.
Al mismo tiempo, recomendó que desde la función investigadora y persecutora de los delitos se implemente y se practique el Protocolo de Estambul, con la finalidad de detectar o descartar de manera científica posibles hechos de tortura.
Al rendir su segundo Informe de actividades ante el Congreso local, dio respuesta tácita a reclamos y presiones de agrupaciones civiles sobre la materia.
“Hacemos un enérgico llamado a quienes dirigen las corporaciones de policías de todo el estado, sobre la importancia de la capacitación continua de sus elementos con la finalidad de prevenir y de sancionar ejemplarmente si es preciso, cualquier práctica que signifique un trato cruel, inhumano o degradante”, dijo.
Definió que es tan grave un abuso cometido por dichos servidores públicos como las acciones u omisiones que afectan los procesos legales de los presuntos responsables de un delito, al propiciar que los mismos queden impunes y que las víctimas permanezcan violentadas y sin justicia.
“Los cuerpos de seguridad pública en nuestro estado deben ser baluarte y símbolo de profesionalismo, integridad, servicio y respeto a la ley; de ahí la importancia que las eventuales violaciones a los derechos humanos que se presenten sean oportuna y debidamente investigadas y sancionadas, a nadie conviene que se menoscabe o debilite su actuar”, precisó.
En aparente alusión a los cuestionamientos por el desempeño de la Codhey frente a las instancias estatales, justificó que el mandato del Ombudsman “no es criticar para destruir”.
Argumentó que su trabajo consiste en “señalar para construir”, para sensibilizar a las autoridades acerca de los abusos del poder o de las carencias y temas pendientes que afectan e involucran a la sociedad.
“Es importante insistir que cuando se señala una violación a derechos humanos no se descalifica la honorabilidad de ninguna institución; se señalan conductas precisas e indebidas de ciertos servidores públicos que al ser investigadas y sancionadas fortalecen el papel de la institución frente a la sociedad al evidenciar su compromiso con la legalidad y la justicia”, alegó.
Ante el secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, en representación del gobernador, Rolando Zapata Bello, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcos Celis Quintal, Goff Ailloud detalló que, del primero de enero al 31 diciembre de 2016, se recibieron cuatro mil 2 solicitudes de atención, de las cuales 333 correspondieron a quejas.
Los hechos violatorios más recurrentes fueron: prestación indebida del servicio público, 244; detención arbitraria, 205; lesiones, 169; retención ilegal, 66; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 64; allanamiento de morada, 63; violación a los derechos de los niños, 58; amenazas, 53; robo, 50; y violación al derecho a la educación, 41.
Así, las 10 autoridades más acusadas son: Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con 135; la Fiscalía General Justicia del Estado (FGE), con 55; Secretaría de Educación (SEGEY), con 37; Ayuntamiento de Tekax, con 16; Servicios de Salud de Yucatán (SSY), con 15; Ayuntamiento de Progreso, con 14; Ayuntamiento de Kanasín, con 13; Ayuntamiento de Izamal, con 12; Ayuntamiento de Maxcanú, con 5; y Ayuntamiento de Mérida, con 5.
De los procedimientos de quejas se dictaron 119 medidas cautelares (recurso previsto en ley para restaurar a las personas la inmediata restitución de sus derechos) a un total de 23 autoridades, de las cuales 91 fueron aceptadas, es decir, el 76 por ciento.
En el Ministerio Público se interpuso un total de 25 denuncias penales contra funcionarios públicos por presuntas violaciones a derechos y que pudieran configurar hechos delictivos.
En cuanto a las recomendaciones, se emitieron 31, de las cuales 30 específicas dirigidas a un total de 19 autoridades distintas y 1 general dirigida a los 106 municipios del Estado.
Las autoridades recomendadas fueron: el secretario de Seguridad Pública del Estado, con 6; Fiscalía General Estado, con 4; Presidente Municipal de Tekax, 4; Secretario de Salud del Estado, 4; Cabildo de Tekax, 2; y con una recomendación cada uno, el Cabildo de Acanceh, de Cacalchén y de Sotuta.
También recibieron una recomendación el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán; la Defensoría General del Estado de Yucatán; el director del Centro de Reinserción Social de Mérida; el director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán; el director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán; el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el secretario de Educación del Gobierno del Estado, así como los presidentes municipales de Chichimilá, Izamal, Dzitás y Kanasín.
En tanto, reveló que los cuatro penales de Yucatán obtuvieron una calificación promedio aprobatoria de 6.37, que ubicó a la entidad en el lugar número 15 de los 32 estados del país.
El femenil de la capital yucateca, 7.52, y los Ceresos de Mérida, 6.49; de Ebtún, Valladolid, 6.18 y de Tekax, 5.30.
Por el contrario, el 73 por ciento de las 106 cárceles municipales carecen de los requerimientos mínimos para garantizar la integridad de las personas detenidas.
(LectorMx)
