Ciudad de México.- Mientras México protesta por las declaraciones agresivas en su contra del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las autoridades mexicanas comenzaron, de manera sigilosa, a desmantelar protecciones legales para su población y otros esfuerzos para fortalecer el frágil Estado de derecho.

Así lo afirma un texto publicado en el diario estadounidense The New York Times.

El rotativo señala que varios expertos temen que eso deshaga décadas de avances en la defensa de los derechos humanos en la nación.

“Los cambios se darían a través de una iniciativa legislativa, aparentemente inofensiva, presentada por un aliado del Presidente Enrique Peña Nieto apenas un día después de que el Canciller Luis Videgaray pidiera al Gobierno de Trump que los connacionales en Estados Unidos sean tratados con absoluto respeto a sus derechos civiles, a sus derechos humanos y al debido proceso”, cita la nota.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dice que la iniciativa, que es presentada como una reforma al código penal y a los procedimientos penales, mejorará el nuevo sistema jurídico, un eje de la cooperación entre el País y EU que terminó de entrar en vigor el año pasado gracias a la ayuda estadounidense de más de 300 millones de dólares y es considerado el principal avance procesal del siglo en México.

Aunque el nuevo sistema pretende asegurar la protección y garantía de los derechos humanos en una nación donde eso raramente sucede, la propuesta para reformarlo está encaminada en la dirección opuesta, agrega el texto.

Académicos jurídicos expresaron que permite al Gobierno detener a sospechosos durante años antes de que empiece un juicio, que faculta a la Policía a armar casos a partir de rumores y testimonios sin sustento y que admite que fiscales usen evidencia obtenida por medio de la tortura.

Conforme a los expertos consultados por el NYT, la iniciativa, que no ha sido avalada por el Congreso, también fuerza a quien es acusado a ofrecer la evidencia que lo exculpe, en vez de que se le considere inocente hasta que se compruebe lo contrario.

“No solo es una contrarreforma, sino que contiene normas que incluso contravienen el derecho a la defensa”, dijo Alejandra Ramos, jueza en el estado de Chihuahua al periódico estadounidense.

“La quieren pasar porque es más fácil que preparar a fiscales y policías, más fácil que limpiar el sistema y romper con el uso de la tortura como una herramienta para investigar”.

La legislación da muestra de una contradicción al corazón del México actual bajo el Gobierno de Peña Nieto y del PRI: la versión que promueven al exterior se contrapone con la realidad que crea a nivel interno.

Al promover la “Marca País”, asegura, el Gobierno ha creado una imagen de una nación en ascenso, un líder regional listo para asumir su lugar en el escenario global, competitivo en términos comerciales, económicos y culturales.

Al mismo tiempo, ante la violencia creciente, la desigualdad pronunciada y la crisis de derechos humanos, la ONU ha calificado de generalizada la tortura por parte de las fuerzas de seguridad y el mismo Gobierno usualmente pisotea las garantías que asegura estar defendiendo.

La paradoja queda clara en las críticas del Gobierno mexicano contra Trump, mientras el mismo Gobierno busca de manera activa echar para atrás la protección de los derechos de los mexicanos, indica la nota.

De acuerdo con organismos internacionales que monitorean la situación de derechos humanos en México, la nueva propuesta legislativa es parte de un patrón.

“En el manejo de las autoridades de la corrupción que impera en los sistemas jurídico y político, de la impunidad para las fuerzas de seguridad o de las investigaciones de las decenas de miles de desapariciones, los organismos dicen que el Gobierno comúnmente socava los avances que presume estar haciendo”, según NYT.

“México se ha esforzado en promover su imagen como un Estado que defiende o avanza en la protección de los derechos humanos internacionales”, dijo al medio neoyorkino James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Pero en casa, la situación de derechos humanos es simplemente terrible: abusos severos, tortura, ejecuciones sumarias y una impunidad virtualmente garantizada”.

Los cambios propuestos al código penal han sido tan poco publicitados que muchos legisladores, jueces y abogados defensores los desconocen, agrega.

(elnorte.com)