La figura del testigo protegido, de la que ha echado mano la Procuraduría General de la República en los últimos 17 años, le ha costado a la institución más de 210 millones de pesos, a pesar de que una buena parte de los casos que llevó a juicio se le vinieron abajo, porque los delincuentes mintieron o no les constaban los hechos que declararon.

En entrevista con MILENIO, el penalista Rodolfo de la Guardia, ex director de Interpol-México, y quien estuvo encarcelado porque fue acusado con pruebas falsas de estar ligado al narco, dijo que la utilización de los testigos colaboradores se “distorsionó”.

“Nació como una herramienta de investigación, pero fue utilizada como moneda de cambio con miembros de la delincuencia organizada, donde a cambio de beneficios se obtuvieron declaraciones sobre hechos nunca investigados; esas declaraciones no se sostuvieron ante los jueces federales.

“Los testigos colaboradores colapsaron ante el ejercicio de la contradicción, y ahora me pregunto: ¿dónde están los que le mintieron al Ministerio Público federal? ¡Libres, al darles el beneficio de la impunidad sin corroborar sus dichos!”, expresó.

Al comienzo de la presente administración, cuando Jesús Murillo fue nombrado titular de la PGR, la institución decidió depurar el número de testigos, ante la cifra de casos que fracasaron en juzgados, como el de los generales y agentes de la procuraduría y la Policía Federal acusados de narcotráfico, donde se demostró que los testigos mintieron.

En 2015, el Comité de Evaluación de los Lineamientos para la Protección de Testigos Colaboradores de la PGR analizó la situación que guardaban los testigos protegidos de dicho programa.

Como resultado de este análisis, el comité decidió dar de baja a tres de los 14 testigos.

En 2014, la primera sala de la Suprema Corte ratificó que es constitucional la mayor parte de los artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre ellos la colaboración de testigos protegidos en investigaciones que realiza la PGR.

De acuerdo con información de la PGR,  en 2013 se invirtieron 19 millones 919 mil 335 pesos para mantener, dar protección y alojamiento a testigos colaboradores. En los primeros seis meses de 2014, se gastaron 11 millones 781 mil 617 pesos.

Mientras que en los 12 años en que gobernó el PAN, es decir con las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, la PGR gastó más de 178 millones 261 mil 615 pesos.

El número más bajo de testigos que ha tenido la dependencia federal fue de 27, en 2000; el registró más alto se documentó en 2012, con 65.
En 2001, la PGR tuvo 35 testigos colaboradores; en 2002, 42; en 2003, 39; en 2004, 44; en 2005, 48; en 2006, 43; en 2007, 50; en 2008, 57; en 2009, 61; en 2010, 43 y en 2011, 60.

La PGR documentó que en  2001 y 2002, los testigos registraron el menor, ya que sólo invirtió, para mantenerlos, 2 millones 397 mil 627 pesos y cinco millones 823 mil 927 pesos, respectivamente.

La figura de testigo colaborador, comúnmente llamada testigo protegido, es una de las más polémicas, porque en el sexenio pasado varios inocentes fueron llevados a prisión por los dichos de estas personas.

(milenio.com.mx)