Mérida, Yucatán.- El 19 Foro Regional para la Prevención de Conductas Criminógenas y Antisociales, organizado por la Policía Federal (PF), se llevó a cabo hoy en esta ciudad.

Este espacio, según se informó, sirve para dialogar sobre los problemas de criminalidad y conductas antisociales que están impactando a toda la sociedad mexicana.

La PF, desde sus siete áreas operativas, presenta una serie de medidas para contrarrestar estos indicadores que crecen.

Con ello, explicaron los organizadores, se busca devolver la confianza a la población sobre el trabajo de la PF, con mecanismos de acercamiento de la sociedad, ya que la policía mexicana tiene muy bajos índices de aceptación.

Miguel Martínez Colunga, responsable de proximidad social de la corporación, dijo que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) establecen que el 62 por ciento de la población valida el trabajo de los policías federales.

Sin embargo hay la determinación por mejorar estas tareas dignificando el trabajo y la responsabilidad de los elementos a los valores de los derechos humanos.

policia_prevencion_delito2Por su parte, el magistrado Santiago Altamirano Escalante señaló que estudios en criminalidad arrojan que unos 30 mil menores de edad participan o han participado en acciones del crimen organizado en el país.

El especialista en justicia juvenil indicó que si bien en Yucatán no hay registros sobre estos aspectos, sí es visible la conducta antisocial de jóvenes que se integran en pandillas y ocasionan acciones criminales.

Consideró que en Yucatán estos problemas son de carácter cultural debido a la falta de oportunidades y tareas educativas en las familias.

Unos 50 jóvenes que cumplen condenas por acciones de violencia familiar son confinados a sus propios núcleos familiares, que es el sitio donde se produjo la violencia, apuntó.

También hizo notar que en Yucatán hay muy pocos estudios sustentados por investigadores en la materia y hace falta analizar a profundidad las condiciones desde donde se gesta el problema e instrumentar políticas públicas directas para restar fuerza a las crecientes conductas antisociales en jóvenes.

(JCN)