Chetumal, Quintana Roo.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) pronunció hoy un “enérgico rechazo” al nombramiento de Julián Leyzaola Pérez, como asesor operativo de seguridad pública en el municipio de Benito Juárez.

El presidente del organismo estatal, Harley Sosa Guillén, cuestionó el historial de violaciones que se atribuye al militar retirado.

“Dado que se ha constatado reiteradamente la violación a los derechos humanos bajo su encargo en dependencias municipales de seguridad pública de otras entidades federativas”, expuso en un escrito.

El teniente coronel tomó posesión el pasado 17 de mayo en ceremonia en la cual el Alcalde Remberto Estrada Barba y su administración le dieron bienvenida de héroe.

Al dirigirse al edil del PVEM, el ombudsman enlistó las recomendaciones 87/2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 10/2011 de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California y la 23/2016 Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua.

Según esos documentos, Leyzaola Pérez ha sido señalado como responsable de presunta tortura, detención arbitraria y allanamiento de morada.

Además, se le dirigió la Recomendación 04/2009 de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California durante su desempeño como secretario de Seguridad Pública Municipal en Tijuana.

“Dado la magnitud de lo expuesto, no es ocioso recordar, que una recomendación se emite una vez que el organismo público constitucional y autónomo defensor de los derechos humanos ha acreditado los hechos violatorios, a través de evidencias, testimonios, testigos y otros elementos que conforman el desahogo de una investigación apegada a derecho”, indicó Sosa Guillén.

Consideró que nombrar a Leyzaola Pérez en un cargo sensible que involucra atención ciudadana para la prevención de los delitos, se contraviene la obligatoriedad constitucional, pues el historial del ahora asesor operativo en seguridad pública en Benito Juárez, demuestra la falta de compromiso con los derechos humanos.

Remarcó que Leyzaola Pérez no cuenta con las suficientes acreditaciones para desempeñarse de acuerdo a lo que establece nuestro marco normativo constitucional.

Y también expresó extrañeza porque el gobierno municipal de Benito Juárez Quintana Roo, haya desestimado este antecedente para ponerlo al frente de dicha encomienda.

“Es preciso señalar que el contexto actual en materia de seguridad de uno de los polos turísticos más importantes del país es preocupante, en razón de la creciente violencia perpetuada por el crimen organizado y que es necesario reforzar las acciones para combatir la delincuencia y prevenir ilícitos.

“Por lo que es justo indicar que la presente manifestación no se opone a la prevención, investigación y persecución de delitos por parte de las autoridades, sino a que con motivo de estas se vulneren derechos humanos, por lo que hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones públicas, tomen en consideración los antecedentes sobre el ejercicio del servicio público en otras administraciones, con el fin de prevenir que se cometan futuras acciones que laceren los derechos de la ciudadanía en ese municipio”, asentó.

El día de su presentación en Cancún, Estrada Barba presumió que Leyzaola Pérez tiene reconocimientos nacional e internacional, incluyendo los de la DEA y al FBI, por su desempeño contra el crimen organizado en Tijuana (2007-2011) y Ciudad Juárez (2011-2013).

El 5 de mayo de 2016, el policía municipal José Luis Hernández Gálvez, en compañía del también agente activo Víctor Eduardo Romero Enríquez, denunció torturas de su ex jefe y entonces candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana por el Partido Encuentro Social (PES).

(Foto tomada de internet)

(LectorMx)