Una cosa no es justa por el hecho de ser ley.
Debe ser ley porque es justa
Montesquieu
Julián Santiesteban
Chetumal, Quintana Roo.- En la víspera de que el Congreso de Quintana Roo inicie la modificación a la actual Ley para la Protección de Periodista y Defensores de Derechos Humanos; el gobierno federal, a través del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, marcó la ruta a seguir, señalando que primero se fortalecerá el mecanismo federal de protección y luego el de las entidades.
Con su declaración, el funcionario federal dejó en claro la pertinencia de que existan tanto los mecanismos estatales como federales, así como las oficinas de enlace: “La propuesta”, aclaró, “no es conformar primero mecanismos en los estados, sino contar con unidades que nos permitan fortalecer el Mecanismo Nacional y el Sistema Nacional de Protección a Defensoras, Defensores y Periodistas”, según publicó Milenio Diario este miércoles por la tarde; queda claro que lo que estableció es una ruta a seguir, sin excluir o exentar a autoridad alguna de las obligaciones que le competen.
Aún más, Campa Cifrián anunció que la siguiente semana iniciará la capacitación “de los integrantes de las 32 unidades estatales del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, quienes llevarán a cabo el monitoreo de riesgos en cada entidad”, sólo que habría que preguntarse quién acudirá por parte de Quintana Roo, si hasta ahora el mecanismo local no se ha instaurado; por ello es urgente que el Congreso local actualice la norma vigente para constituir los órganos que en ella se contemplan, pues pudieran perderse valiosas oportunidades como las anunciadas por el funcionario federal.
Lo anterior, porque en la reunión realizada este miércoles con integrantes de la Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos de la Conago, Campa Cifrián destacó la necesidad de avanzar “en la creación y el fortalecimiento de las fiscalías estatales especializadas y en la construcción de un protocolo único para proteger y dar atención a las víctimas de esos delitos”; reitera el escribiente, se desconoce quién acudió por parte de Quintana Roo, pero queda clara la urgencia de que la XV Legislatura actualice la ley vigente para que el gobierno de Carlos Joaquín González ponga en operación el mecanismo estatal, para lograr con ello la protección efectiva que ha asegurado que su gobierno a los periodistas.
Por último queda claro que la ruta marcada por el gobierno federal es de coordinación, no de exención de tareas, y a los estados corresponde establecer sus mecanismos; faltará ahora que la protección sea efectiva, pues se supone que voluntad política ya existe; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
