Por Fabiola Cortés Miranda
Chetumal, Quintana Roo. -En la administración de Félix González Canto, el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), cedió a MAYAZAMA SA de CV y a sus socios un predio de poco más de 321 hectáreas (3,211,312 metros cuadrados) a un precio subvaluado y pagado en cómodas mensualidades; además de un terreno de poco más de 31 hectáreas que pertenecía a la Universidad de Quintana Roo (UQROO), lo anterior para construir uno de los desarrollos más exclusivos de Quintana Roo, y para el cual se proyectaba un campo de golf y canales artificiales, algo similar al emblemático Mayakoba.
El proyecto que nació con el nombre de Down Town Tulum, enfrentó los cuestionamientos y la oposición de los ambientalistas debido a que la zona en la que se pretendía construir el megadesarrollo trastocaba el segundo río subterráneo más grande del mundo. Finalmente, el proyecto se debió modificar y en un intento por dejar atrás el estigma ecocida cambió su nombre a Aldea Zama, promovida Mayazama, autorizándose 223 cuartos y tres mil 467 viviendas para el segmento de alto poder adquisitivo. El cambio de nombre incluyó una intensa campaña de publicidad para crear la imagen de que Aldea Zama se trataba de un desarrollo inmobiliario ecológico y casi espiritual. En el 2012, coincidiendo con el fin del calendario maya los empresarios yucatecos tuvieron la ocurrencia de crear la Pirámide del Pensamiento Positivo y con el apoyo del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, el proyecto completo recibió amplia publicidad, otra vez, con cargo al erario.
A través de la escritura pública número 22824, de 31 de diciembre de 2007, pasada ante el notario Reynaldo Vanegas Marín, de la Notaría 5, en Chetumal, es posible conocer los antecedentes de un negocio turbio en el que están involucrados los ex gobernadores JOAQUÍN HENDRICS DÍAZ y FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, así como los empresarios RODOLFO ROSAS MOYA, (quien sería socio y prestanombre de los dos ex gobernadores), y EMILIO DÍAZ CASTELLANOS, el “célebre” empresario yucateco, amigo, y presumiblemente socio y prestanombre de EMILIO GAMBOA PATRÓN, quienes juntos, aterrizaron en octubre de 2016 en el Arrecife Alacranes de la Península de Yucatán, un área natural protegida. Tras el escándalo por el daño ambiental, el senador del PRI envió un comunicado reconociendo el error de haber aterrizado en un área protegida, y además subrayó su amistad con Díaz Castellanos: “Atendiendo la invitación de mi amigo Emilio Díaz Castellanos, para pasar el fin de semana en la Isla Alacranes, abordamos el pasado viernes en la tarde un helicóptero que él rentó para trasladarnos a ese lugar, y cuando aterrizamos, me subí al barco de Emilio Díaz Castellanos.” Cabe recordar que En el helicóptero también viajaba Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De no haber sido por el “error” del piloto, no tendríamos una imagen tan evidente del estrecho vínculo y la gran amistad que existe entre el senador del PRI, Emilio Gamboa Patrón y el empresario inmobiliario Emilio Díaz Castellanos.
También como accionistas de Mayazama figuran EMILIO HEREDIA LIMA, y los hermanos Francisco Javier y FRANCISCO EVADIO ambos de apellido GARIBAY OSORIO, este último fue titular del Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo (INVIQROO) con Joaquín Hendrics, así como titular del IPAE en los primeros meses de la administración de Félix González Canto. Los hermanos GARIBAY OSORIO participan en Mayazama a través de la sociedad mercantil Inmoterra Tucani SA de CV, y la presencia directa de Francisco Evadio Garibay Osorio no deja la menor duda de que parte del negocio pertenece a los dos ex gobernadores: Hendrics Díaz y González Canto.
Igualmente son parte de la sociedad OSWALDO JOSÉ MILLET PALOMEQUE, MARÍA ISABEL MANTECÓN PONCE, JUAN ENRIQUE CÁMARA SOLÍS, MANUEL JESÚS PALMA RODRÍGUEZ, y KATINKA MARÍA KELLEHER VALES. Eventualmente, en varias actas notariales, Kelleher Vales y Jacobo Cruz de los Santos figuran como representantes de Inmoterra Tucani.
A BAJO PRECIO Y EN CÓMODOS PAGOS
En el Antecedente séptimo de la referida escritura pública número 22824, se puede leer que el 22 de septiembre de 2006, el IPAE enajenó a favor de Mayazama una fracción de terreno con una superficie de 3 millones 211 mil 312.90 metros cuadrados, marcado como lote 001, de la manzana 001 de la supermanzana 002 del polígono 4 de la Alcaldía de Tulum, municipio de Solidaridad.
El precio pactado fue de 208 millones 738 mil 592 pesos, esto es unos 15 pesos el metro cuadrado de un terreno sobre el que se proyectaba un exclusivo desarrollo turístico inmobiliario y donde actualmente el metro cuadrado se vende en alrededor de seis mil pesos.
Pero la oferta no solo estuvo en el precio, sino en la forma de pago: el predio que el actual senador Félix González Canto vendió a Mayazama fue pagado a plazos, pactado a cinco años, pero que se extendió hasta la administración de Roberto Borge Angulo.
Se pactó como enganche el 10 por ciento del valor total de la venta, esto es, 20 millones 873 mil 859 pesos, de los cuales, Mayazama pagó a la firma del contrato cinco millones de pesos, y el saldo, 15 millones 873 mil 859 pesos los pagó el 30 de septiembre de 2006; siendo que el saldo insoluto se pactó a pagarse en 10 semestres, acordándose que en los primeros cuatro años se realizarían ocho pagos por 10 millones 436 mil 292 pesos y los dos restantes serían por 52 millones 184 mil 648 pesos.
DESARROLLO CON TODAS LAS FACILIDADES
En un primer momento, Mayazama pagó al IPAE 41 millones 747 mil 718 pesos, por concepto de enganche y de dos semestralidades, quedándole un saldo por pagar de 166 millones 990 mil 873 pesos. Para garantizar el pago del capital restante, Mayazama firmó diversos pagarés a favor del IPAE. Sin embargo, para poder realizar la tramitología del proyecto, la empresa requería tener la posesión del predio y también la propiedad del mismo, por lo que el IPAE accedió a entregarle la propiedad, la cual quedó hipotecada a su favor.
En el antecedente décimo segundo se lee que “El IPAE autorizó y dio su anuencia para que la sociedad realice ante las dependencias federales, estatales y municipales, los trámites necesarios, incluso para la obtención de las licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para poder construir y edificar un proyecto que comprende un campo de golf, centro turístico, comercial y habitacional. En atención a lo anterior, distintas autoridades (…) y (…) dependencias requieren de la sociedad (Mayazama) el título de propiedad a efecto de poder continuar con los trámites requeridos por las mismas, en consecuencia la sociedad solicita al IPAE la TRASLACIÓN DE DOMINIO REAL DE EL INMUEBLE (…).
En la escritura pública número 22824 quedaron establecidas los nuevos compromisos entre Mayazama y el IPAE, consistentes en la transmisión no solo de la posesión sino también de la propiedad del predio de 3 millones 211 mil 312.90 metros cuadrados, según se lee en la cláusula segunda del apartado “de la traslación de la propiedad”: “(…) el IPAE vende y traslada a la sociedad y ésta a través de sus representantes legales, compra para sí, la PROPIEDAD plena y total de El inmueble, la fracción de terreno de 3,211,312 metros cuadrados (…)”
TURBIOS NEGOCIOS PROTEGIDOS POR CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD
En el apartado “de la constitución de hipoteca”, quedó establecida la constitución de hipoteca a favor del IPAE, respecto del predio entregado a Mayazama, mediante seis pagos semestrales; el primero de 20.8 millones el primero; los siguientes cuatro de quince millones, y uno último de 86 millones 117 mil pesos, fijado para el 30 de marzo de 2011, esto es, cinco días antes de que Félix González Canto le entregara la administración a Roberto Borge Angulo.
Además, gobierno y empresarios, en el apartado de las DECLARACIONES, en la II.4, acordaron “sellar su pacto” con una cláusula de confidencialidad: “Requieren que el contenido de este instrumento público tenga el carácter de información confidencial y como garantía de dicha confidencialidad, solicitan que el IPAE lo de a conocer única y exclusivamente cuando obtenga de La Sociedad su autorización expresa y por escrito” (sic).
Como representantes de Mayazama fungieron Juan Enrique Cámara Solís y Carlos Alberto Palma Rodríguez, expertos en la adquisición fraudulenta de predios patrimonio del estado.
CON DEUDAS PENDIENTES, MAYAZAMA SEGUÍA RECIBIENDO MÁS PREDIOS
Aunque Mayazama se ha comercializado exitosamente a elevados precios, la sociedad mercantil no cumplió con el pago puntual de la hipoteca, que debería concluir unos meses antes del fin de la administración de Félix González Canto, y algunos títulos de propiedad le fueron entregados a Mayazama en la administración de Roberto Borge Angulo, como el de folio 76255, que fue expedido por Claudia Romanillos el 12 de enero de 2012; o el 80392, entregado por la funcionaria, hoy prófuga, el 20 de diciembre de 2011.
De la suma de las superficies señaladas en los títulos que se han logrado documentar hasta ahora, se puede presumir que Mayazama sin haber liquidado la hipoteca a la que se comprometió, siguió recibiendo más predios del IPAE, como consta en la escritura P.A. 10432 de doce de diciembre de 2014, expedida por el notario Juan Carlos Fariña Isla, en sustitución del notario titular Heyden José Cebada Rivas en la que se formaliza la certificación de medidas y colindancias de cinco inmuebles y la fusión de los mismos. En el antecedente cuarto de dicho instrumento, se lee que mediante título de primero de abril de 2008, el IPAE entregó a Mayazama un predio de 21 mil 684 .39 metros cuadrados el cual quedó registrado bajo el folio registral 58774.
¿CÓMO SE REPARTEN LOS SOCIOS MAYAZAMA?
De acuerdo a la Escritura P.A. 10576 de 19 de diciembre de 2014 expedida por el notario Juan Carlos Fariña Isla, en sustitución del notario titular Heyden José Cebada Rivas, la sociedad MAYAZAMA SA DE CV representada por sus apoderados Carlos José Heredia Trujillo y Eduardo Renán Durán Pacheco, formalizó la transmisión de propiedad por concepto de pago de dividendos a favor de Emilio G. Díaz Castellanos, Oswaldo José Millet Palomeque, Juan Enrique Cámara Solís, Manuel Jesús Palma Rodríguez, Carlos Alberto Palma Rodríguez, Rodolfo Rosas Moya, María Isabel Mantecón Ponce Katinka María Kelleher Vales y Jacobo Cruz de los Santos, los últimos dos en nombre y representación de Inmoterra Tucani SA de CV.
Cabe destacar que el socio Juan Enrique Cámara Solís en 2007 fue hallado culpable por el Juzgado Tercero de Defensa Social por peculado por 506 millones de pesos, en su carácter de director de la Comisión Ordenadora de Uso de Suelo de Yucatán, caso en el que el senador Emilio Gamboa Patrón intervino en su favor pues su hermano Mario Gamboa Patrón, se había beneficiado de los negocios ilícitos del condenado, que como se lee, continuó sus negocios inmobiliarios. LEER: http://www.proceso.com.mx/212894/yucatan-se-dicta-formal-prision-contra-exdirector-de-la-cousey)
En los antecedentes, se puede leer que por escritura pública 1198 del cuatro de diciembre de 2008, ante Rubén Antonio Barahona López, notario 13 de Quintana Roo se formalizó la certificación de medidas y colindancias y la subdivisión del inmueble identificado como lote 001, MZ 001, polígono IV de la región 14, creando 245 lotes de terreno.
Este lote es parte de las 321 hectáreas que Mayazama pagó a un precio subvaluado y en abonos, y tiene una superficie de 1 millón 899 mil 826. 26 metros, esto es casi 190 hectáreas
En el antecedente noveno, se lee que mediante acta 306 de fecha 17 de diciembre de 2014, ante el notario 51, José Enrique Tadeo Solís Zavala, se protocolizó una asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad Mayazama por medio de la cual se acordó transmitir por concepto de pago de dividendos a los socios accionistas de la sociedad la utilidad acumulada del ejercicio fiscal 2007, de la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la ley de impuesto sobre la renta repartiendo entre todos los socios y los porcentajes descritos en la escritura de referencia el saldo total al 30 de noviembre de 2014 la cantidad de 39 millones 705 mil 183 pesos.
En el apartado de Declaraciones, en la Primera se lee: “Declaran los señores Carlos José Heredia y Eduardo Renán Durán Pacheco, quienes comparecen en nombre y en representación de la sociedad Mayazama SA de CV
(…)
d) que los inmuebles descritos en los antecedentes de este instrumento, en su conjunto ascienden a la cantidad de 39’ 705, 183. 00 de acuerdo a los avalúos practicados por perito autorizado …
No sobra decir, que ese es el valor ficticio que los socios asignaron a los 245 lotes para efectos de repartirse su participación, con lo que también evadieron impuestos, al no señalar el valor comercial de los lotes de este primer predio en el que se fraccionaron las 321 hectáreas. También cabe destacar que no coincide el monto de 39 millones 705 mil pesos, con lo que finalmente se reparten los socios, como podrá verse más abajo, y tampoco lo repartido equivale al 100 por ciento, como se señala en el acta notariada:
En el acta de 19 de diciembre de 2014 quedó asentado lo siguiente:
“Que comparecen a transmitir por concepto de pago de dividendos en copropiedad en los porcentajes que a continuación se describen la propiedad de los inmuebles descritos y deslindados en los antecedentes del presente instrumento:”
Emilio G. Díaz Castellanos: 14% equivalente a 6,631,469.74
Oswaldo José Millet Palomeque: 10%, equivalente a 4,736,764.11
María Isabel Mantecón Ponce: 11% equivalente a (ilegible por sello)
Inmoterra Tucani: 12.5% equivalente a 5,920,955.14
Juan Enrique Cámara Solís: 12% equivalente a 5,684,116.93
Manuel Jesús Palma Rodríguez: 12% equivalente a 5,684,116.93
Rodolfo Rosas Moya: 12.5% equivalente a 5,920,955.14
Katinka María Kelleher Vales: 4%, equivalente a 1,894,705.64
Total 100%: 47,367,641.08
En el apartado de las Cláusulas, en la Segunda se lee que: “Las partes establecen que para efectos fiscales la transmisión de la propiedad consignada en el presente instrumento equivale a la cantidad de 39,705,183.00”
En las cláusulas fiscales se lee que:
“En términos del artículo 5 de la Ley de Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de Quintana Roo, la presente operación causa impuesto de traslación de dominio por la cantidad de 794,103 pesos”
“Respecto al Impuesto Sobre la Renta el suscrito notario se abstiene de realizar cálculo, retención y entero alguno en virtud de que la persona que transmite es una persona moral advirtiéndole a la parte enajenante de la obligación que tiene de dar aviso e incluir la presente operación en su declaración anual correspondiente”.
TAMBIÉN DESPOJARON A LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO DE VALIOSO PREDIO
A las más de 321 hectáreas entregadas en cómodos pagos a Mayazama hay que agregar otras 31 hectáreas que eran patrimonio a la Universidad de Quintana Roo, y que Félix González Canto decidió regresar al IPAE para podérselas vender a Mayazama.
En el Contrato de transmisión de propiedad de bien inmueble y sus derechos litigiosos, firmado el 22 de febrero de 2008, entre el rector de la UQROO, José Luis Pech Varguez, actual dirigente de MORENA y el IPAE, se hace efectivo el contrato de 13 de diciembre de 2007, mediante el cual la Universidad de Quintana Roo aceptó regresar al IPAE un terreno que el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid le entregó por decreto de 30 de abril de 1997. Según dicho documento, el terreno tenía una superficie de 368 mil 800 metros cuadrados, esto es, poco más de 36 hectáreas, sin embargo, al momento de realizar el deslinde, resultó con una superficie física real de 25 hectáreas, por lo que al pretender ampliar el polígono para dar cumplimiento al decreto, el terreno se sobrepuso a predios de particulares, entre éstos uno de Gastón Alegre y otro más de Emilio Heredia Lima, quien por al parecer, era el poseedor de una de las partes más valiosas de ese predio: la playa, lo que lo convirtió en socio estratégico de Mayazama.
En el ANTECEDENTE segundo del Contrato de transmisión de propiedad de bien inmueble y sus derechos litigiosos, se lee: “La superficie de terreno referida en el antecedente primero es otorgada a la Universidad de Quintana Roo (UQROO) para ser destinada para los fines y objetivos propios a realizarse en un año a partir de la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado, plazo que venció el 30 de abril de 1998 sin poder cumplir con el objeto otorgado, en razón, de que a esa superficie de terreno al igual que sus medidas y colindancias son las que documentalmente obran en el título de propiedad número 0203/96 de fecha 06 de mayo de 1997, sin embargo, al ser sembradas físicamente en el macizo continental arrojan otra superficie menor e igual a 25-18-23.95 hectáreas, y sus medidas y colindancias no son las precisadas en el título de propiedad de referencia, específicamente en su colindancia norte, la que llega a la zona federal marítima terrestre, razón por la cual, la UQROO al pretender catastra el predio solicita una rectificación de medidas y colindancias a la Dirección General de Catastro del Estado con la intención que el terreno que se le donó obtenga físicamente las 36-88-00.00 hectáreas referudas en el título de propiedad, solicitud que le es concedida mediante oficios DGC/DT/278/03 y DGC/DPAT/SC/0386/03, irregularmente, expandiéndose en 126 metros al norte, rumbo a la costa, y eliminando la superposición con terrenos del C. Gastón Alegre y sobreponiéndose sobre todo el terreno en posesión de Emilio Heredia Lima, quien inconforme con tal actuar interpone Recurso Administrativo de Revocación administrativa (…)”.
FÉLIX GONZÁLEZ RESUELVE VÍA FAST TRACK “PROBLEMA” DE TERRENOS DE LA UQROO
El recurso de revocación administrativa interpuesto por Emilio Heredia, se resolvió coincidentemente a su favor el 23 de septiembre de 2005, a unos meses de iniciada la administración del hoy senador Félix González Canto. Con lo que Herredia Lima se convierte en legítimo posesionario de 6-45-68.93 hectáreas, incluyendo 900 metros de línea costera, quedándose entonces la UQROO con un terreno físico de 26-18.23.95 hectáreas, el cual según, los antecedentes del Contrato referido, también se superponía a otro terreno de aproximadamente 3-63-81.35 hectáreas en posesión de otros particular inconforme. Aunque en el antecedente no se señala el nombre de ese particular inconforme, fue públicamente sabido que era Cecilia Loría, incondicional y “socia” de Joaquín Hendrics Díaz, quien interpuso un recurso legal ficticio para abonar a la “conflictiva” situación del predio de la UQROO.
En estas circunstancias, para el entonces gobernador Félix González Canto resultó más fácil y sobre todo muy rentable, quitar a la UQROO las 25 hectáreas de terreno, que expropiar a los acomodaticios posesionarios y restituir a la Universidad del estado su terreno.
El 28 de septiembre de 2007 el Consejo Universitario, con 13 votos a favor, cero en contra y una abstención, aprobó regresar al IPAE el predio que era de la UQROO, y recibir a cambio un predio que ya era de la Universidad, el de Xcacel-Xcacelito de 90 hectáreas, y otro más de 20 hectáreas en la Riviera Maya, que desde el 22 de mayo de 2007, ya se había destinado para la construcción de un nuevo campus de la UQROO. Es decir, todo fue una ficción, José Luis Pech Varguez, rector de la UQROO simplemente se dijo “agobiado” por los litigios que le generaban el predio de Tulum y gustoso se lo regresó al IPAE que ya tenía planes para su desarrollo.
Las 321 hectáreas compradas a plazos por Mayazama y las 31 hectáreas que pertenecieron a la UQROO, suman 352 hectáreas, lo que equivale a más del 50 por ciento de las tierras (500 hectáreas) que el gobierno de Quintana Roo transfirió en marzo de 1997 al Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo (INVIQROO) mediante título de propiedad 0133/97, y pasaron todas, a precios módicos y mediante turbias maniobras a los ex gobernadores Joaquín Hendrics Díaz y Félix González Canto, así como a presuntos prestanombres del senador Emilio Gamboa Patrón, y “empresarios” yucatecos acostumbrados a lucrar con el patrimonio de los estados.
La participación directa de los hermanos Francisco Javier y FRANCISCO EVADIO ambos de apellido GARIBAY OSORIO, en Mayazama, a través de la empresa Inmoterra Tucani SA de CV, no deja lugar a ninguna duda de que se trató de un negocio de gobernadores, pues Francisco Evadio Garibay Osorio fue titular del INVIQROO en la administración de Hendrics Díaz y en los primeros meses del naciente IPAE, con Félix González Canto. Rodolfo Rosas Moya es otro de los “destacados” y conocidos socios de los dos ex gobernadores, a través de éste, los mandatarios quintanarroenses han amasado un emporio inmobiliario, principalmente en la Riviera Maya.
Emilio Heredia Lima ha resultado una pieza clave para Mayazama, los títulos que le entregó el IPAE, tras los litigios encaminados por éste y mal defendidos por una Universidad de Quintana Roo, que pareciera que se dejó ganar, tienen 6.4 hectáreas y casi 900 metros lineales de playa, de los más preciados del Caribe mexicano, ubicados precisamente adyacentes a la vía Tulum-Boca Paila, y frente a los desarrollos de Mayazama.
En abril de 2008, Heredia Lima hipotecó un predio de los entregados por el IPAE, de 22 mil 796 metros cuadrados, con 200 metros lineales de playa, por 4 millones 204 mil dólares, que al tipo de cambio de la época sumó alrededor de 44 millones de pesos… Ese mismo mes y año, el 17 de abril de 2008, el IPAE había otorgado título de propiedad a Emilio Heredia por el referido terreno, fijando un pago de 6 millones 786 mil 266 pesos.
TERRATENIENTES MODERNOS
El 23 de noviembre de 1973 se constituyó el fundo legal de Tulum, mediante la sesión que el Gobierno federal hiciera al entonces territorio, hoy estado de Quintana Roo, de una superficie de mil 910 hectáreas; posteriormente, por decreto publicado el 16 de marzo de 1981, ese fundo legal fue ampliado en 200 hectáreas; de la superficie del fundo legal de Tulum, un terreno de 5’000,000.00 metros cuadrados (500 hectáreas) con clave catastral 802010102701, el Gobierno del estado de Quintana Roo le transfirió los derechos y la propiedad al Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo (INVIQROO) mediante el título de propiedad 0133/97 de seis de marzo de 1997. Posteriormente, durante la administración de Félix González Canto, el IPAE prácticamente regaló 352 hectáreas de las 500, a un puñado de políticos y “empresarios”…
Múltiples caminos se bifurcan en los negocios de Félix González Canto y los empresarios y políticos yucatecos; los nombres se repiten en nuevas inversiones y desarrollos, que van de Quintana Roo a Yucatán, en las diferentes empresas y proyectos los apellidos son los mismos. Por ejemplo, los socios de Mayazama son también los mismos que adquirieron, en Yucatán, en oferta, los terrenos de la Siderúrgica de Yucatán, y los que a través de Inmobilia Desarrollos construyen un complejo de lujo: Emilio Díaz Castellanos y Roberto Kelleher Vales, Carlos Alberto Palma Rodríguez, Juan Enrique Cámara Solís, Manuel Jesús Palma Rodríguez y María Isabel Mantecón Ponce, esposa de Díaz Castellanos. A su vez, son los mismos dueños del proyecto Country Towers.
La bonanza de todos “empresarios” no se entendería sin el contubernio de los gobernadores de Quintana Roo y Yucatán.
FÉLIX GONZÁLEZ, IVONNE ORTEGA Y EL YERNO DE EMILIO GAMBOA PATRÓN
Una nota de Reporte Índigo de septiembre de 2013 reveló cómo el aún senador Félix González Canto y sus socios fueron beneficiados con obra pública en Yucatán durante el gobierno de su amiga, Ivonne Ortega Pacheco.
De acuerdo a la información publicada, González Canto registró en Miami, Florida, una empresa denominada Ener Investment Corp, con su socio Ricardo Javier Gamboa García. La compañía está registrada con el domicilio 7771 NW 41 ST, en Hollywood, Florida, una población de veraneo muy cerca, hacia el norte, de Miami Beach.
Gamboa García fue un constructor que siempre estuvo en el Top 10 de los proveedores de obra pública en Yucatán durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco.
“Fue durante el sexenio de la amiga de González Canto, cuando Ricardo Javier Gamboa García, quien nunca había hecho obra pública en la península, empezó a ganar licitaciones con su compañía Constructora Regional Corporativa S.A. de C.V.”, cita Reporte Índigo
“El socio del señor delegado del CEN del PRI creó esta empresa durante el gobierno de González Canto en Quintana Roo, en septiembre de 2007. Y apenas al año siguiente le fueron asignados más de 38 millones de pesos en obras en Yucatán, colocándolo entre los 10 proveedores que manejaron más recursos.”, refiere este sitio de internet.
La publicación también destaca que entre los amigos de González Canto está el constructor Alberto Lacarra Zurita, esposo de la hija de Emilio Gamboa Patrón, Paulina Gamboa.
Las relaciones entre estos personajes son indisolubles, por ejemplo, en la sociedad mercantil SERVICIOS MARINOS HOLBOX SA DE CV, como socios figuran entre otros, Félix González Canto y Emilio Alberto Gamboa García, hermano precisamente de Ricardo Javier Gamboa García.
Son esos múltiples y compartidos intereses entre la alta clase política del PRI los que han permitido que solo Roberto Borge Angulo esté en la cárcel, pero más como un mensaje simbólico que como una acción legal real que pretenda que los culpables paguen y restituyan a Quintana Roo los recursos y el patrimonio depredado.
