Mérida, Yucatán.- El municipio de Mérida pagará conforme a sus capacidades financieras las obligaciones que determinen los juzgados en la rescisión de contrato por luminarias en arrendamiento a la empresa AB&C Leasing, luego de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así lo expuso hoy el alcalde Mauricio Vila Dosal, quien remarcó que hasta ahora la comuna no conoce los términos de la decisión del máximo tribunal.

“Lo que hace la Corte es regresar al juzgado que dictó la sentencia en su momento para que ellos sigan con este procedimiento y ya será en las próximas semanas cuando nosotros podamos tener más información y podamos hacer propuestas al juzgado en qué posibilidades estaría el Ayuntamiento de Mérida”, explicó.

“Evidentemente nadie pueda pagar cantidades o de una forma que exceda sus capacidades; lo que nosotros siempre vamos a pujar es que este pago sea siempre de acuerdo a las capacidades del Ayuntamiento de Mérida y que nunca se pongan en riesgo los servicios de calidad a que están acostumbrados los meridanos”.

Al reiterar que su administración no está de acuerdo con el fallo pero la acatará por respeto al Estado de Derecho y a las instituciones, insistió en que se tienen 36 millones para cubrir las mensualidades que correspondan a su trienio ante la eventualidad de tener que recurrir al extremo de un préstamo de emergencia.

En conferencia de prensa conjunta estuvieron el presidente estatal del PAN, Raúl Paz Alonzo; el representante del Comité Ejecutivo Nacional, Juan Pablo Adame, y el ex alcalde Renán Barrera Concha, en cuyo período se dio por terminado de manera anticipada el convenio con AB&C Leasing y la suspensión de pagos a banco Santander, la tenedora de los derechos de cobros.

Vila Dosal subrayó que no hay una fecha fatal ni existe una cantidad estipulada a cubrir en la resolución de la SCJN.

“No sabemos cuáles van a ser las condiciones de pago que va a emitir la sentencia”, abundó.

Mencionó que tanto el equipo jurídico como el financiero del Ayuntamiento de Mérida se encuentran definiendo los alcances de la resolución de la SCJN emitida ayer miércoles.

A su vez, Barrera Concha refirió que el litigio se originó por el grave problema de iluminación que tenía Mérida y también por salvar el patrimonio de los ciudadanos, pues la gestión de Angélica Araujo Lara había adquirido compromisos que sumaban 500 millones de pesos por lámparas arrendadas a un lapso de cinco años.

“Yo quiero decirles que fue la decisión correcta y que si retrocediéramos el tiempo se haría exactamente lo mismo”, esgrimió.

El panista reprochó que a estas alturas los meridanos sigan pagando errores y omisiones de una administración que apenas duró dos años, de 2010 a 2012.

Rechazó que haya tenido motivaciones de venganza política o capricho en la rescisión del contrato respectivo, y aseveró que aunque se pretenda llevar el asunto a “un pleito de partidos” se trata de un tema eminentemente de interés ciudadano y público.

“Nosotros entramos a resolver el problema que ella inició”, dijo en alusión a que Araujo Lara es quien debería pedir perdón.

Igual, cuestionó el giro repentino, en un par de horas, al proyecto del ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, que daba la razón al Ayuntamiento de Mérida.

“La resolución (la propuesta) decía que la alcaldesa no podía haber firmado contratos como persona física o como persona privada siendo representante de un órgano público”.

Además, estimó que el fondo del dictamen no será conocido hasta agosto o septiembre, ya que los ministros salieron de vacaciones.

“Sería interesante saber con qué argumentos vamos a poder contar para saber qué sucedió, que cambió de manera radical el sentido que el ministro ponente había propuesto”.

En tanto, Paz Alonzo criticó que a cinco años de que concluyó la gestión municipal del PRI en Mérida aún se padezcan sus efectos negativos.

“Como ustedes saben ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo, que para el punto de vista del PAN, es en contra de los ciudadanos”, ponderó, al respaldar a los gobiernos panistas frente a ese conflicto jurídico.

Por último, desestimó que el fallo de la SCJN pueda afectar al PAN y su “altísima posibilidad” de ganar el Ejecutivo estatal en 2018 y refrendar el municipio de Mérida.

“En vez de perjudicarnos, todo lo contrario, nos ayuda a recordar quiénes han dañado a esta ciudad, quiénes han lucrado con el patrimonio de los yucatecos”, atajó.

(LectorMx)