Pedro Diego Tzuc

Mérida, Yucatán.- El consorcio Aldesa, demandada por las dos muertes en el accidente del libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés) ocurrido el pasado 12 de julio, enfrenta rechazo a sus planes de inversión en Yucatán.

Involucrada junto con su socia Epccor en presuntas anomalías en diversas otras en las que ha participado en México, Aldesa y su filial Aldener fueron acusadas hoy de hostigamiento a ejidatarios de Motul que se niegan a entregar terrenos para los proyectos eólicos Chacabal I y Chacabal II.

La superficie en cuestión se encuentra al oriente de la ciudad de Motul y está ocupada desde hace aproximadamente dos años.

“Esa empresa ocasionó una tragedia en Cuernavaca; se hundió la carretera que construyó, no queremos que haga nada en nuestras tierras”, soltó uno un campesino durante una manifestación la mañana de este jueves a las puertas de Palacio de Gobierno.

“¡Fuera¡ ¡Fuera!, gritaron en coro sus compañeros, quienes dijeron representar a la mayoría de los mil 472 integrantes de ese núcleo agrario. 

La primera Subasta de Largo Plazo del mercado eléctrico mayorista, realizada a principios de abril de 2016 por la Secretaría de Energía (Sener), aportó a Yucatán nueve de los 18 proyectos previstos hasta entonces en todo el país, entre ellos los de Aldesa y Aldener.

También Aldesa, Construcciones Aldesem y la mexicana Jaguar Ingenieros Constructores, obtuvieron en conjunto el contrato para desarrollar la Torre de Control de Tráfico Aéreo del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) por un monto de mil 242 millones de pesos, sin considerar IVA.

El actual comisario del Ejido de Motul, Arcadio Tamayo Angulo, al frente de un grupo de socios, acudió a la sede del Ejecutivo estatal para denunciar amenazas y presiones por parte Rafael Acosta Solís y Félix Núñez Moreno, asesores de Aldesa y Aldener.

Esas compañías españolas celebraron un contrato con el anterior comisario Juan Itzá Balam, al parecer sin cumplir las formalidades de la asamblea, en el que ofrecen pagar 50 pesos bimestrales por cada 400 metros cuadrados de superficie donde levantarían 60 aerogeneradores.

“Todo lo estamos trabajando, una parte de ganadería, una parte de miel, una parte de elotes (maíz), una parte de henequenes”, explicó José Santiago Cauich Puc.

“Entonces, si todo ese terreno lo agarra Aldesa ¿Con qué vamos a vivir con nuestra familia?”, cuestionó.

Mencionaron que Acosta Solís, quien fungió como subprocurador en la gestión Ivonne Ortega Pacheco y como asesor al inicio de la administración del actual gobernador Rolando Zapata Bello, está “coludido”, al igual que Itzá Balam, con los consorcios españoles para operar el arrendamiento con opción a compra. 

El pasado 1 de junio, la Sala Federal Especializada en Materia Ambiental decretó la suspensión de los dos proyectos, a petición de los afectados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los promoventes exigieron estudios técnicos apropiados para evitar daños a los recursos naturales y ecosistemas, así como a sus tradiciones.

A raíz de la resolución judicial, revelaron, los integrantes del Ejido de Motul han sido víctimas de “constantes amedrentamientos” por parte de Acosta Solís y Núñez Moreno, bajo la advertencia de que se desistan de las demandas o que asuman las consecuencias.

“Somos gente pacífica, pero no vamos a tolerar que empresas españolas Aldesa y Aldener, en violación de las leyes mexicanas sigan operando al margen de la ley cometiendo actos ilegales”, plantearon en un escrito.

Responsabilizaron a Aldesa y Aldener, a Núñez Moreno y Acosta Solís “de cualquier acto violento que se genera en nuestra comunidad”.

(LectorMx)