Mérida, Yucatán.- A pesar que el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJEY) falló a favor de los ejidatarios de Chablekal, comisaría de Mérida, el ex comisario Manuel Abán Can se niega a firmar el documento de la expropiación de 187.1 hectáreas correspondientes a la zona arqueológica de Dzibilchaltún, denunciaron los afectados.

Por ello, el Instituto Nacional de antropología e Historia (INAH) no puede tramitar el pago correspondiente, cuyo monto aún no se cuantifica.

Los inconformes, quienes optaron por el anonimato para evitar represalias, reprobaron la actitud de Abán Can, por lo que el proceso se prolonga por tiempo indefinido, a pesar del avance actual a favor de los 342 ejidatarios.

De acuerdo con el expediente técnico, con relación a la tenencia de la tierra, el TSJEY determinó que “el tipo de propiedad que prevalece dentro de la poligonal es ejidal”.

El área a expropiar corresponde a las plazas Central, Sur y Suroeste del sitio, así como el Grupo de las Siete Muñecas y la estructura 74, entre otros edificios, además de los sacbés o caminos sagrados.

Los quejosos manifestaron que también se expropiaron otras 53 hectáreas de terrenos ejidales, por un monto de 132 millones de pesos, pero Abán Can no distribuyó el dinero.

Del segundo caso, el 11 de julio de 2022 se realizó el primer pago a favor del núcleo agrario de Chablekal, por parte del INAH, hasta cubrir un monto por 30 millones de pesos.

Sin embargo, los querellantes se quejaron de que el ex comisario sólo les dio una parte proporcional, sin cubrir la totalidad del monto que a cada uno le tocaba.

Cabe recordar que en 1987, en un decreto del Ejecutivo Federal se fijó términos para que la zona de monumentos arqueológicos y el parque nacional Dzibilchaltún lleven a cabo actividades dentro del ejido de Chablekal.

El sitio arqueológico de Dzibilchaltún, cuya extensión es de 189 hectáreas, se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos.

Asimismo, se ubica dentro del Parque Nacional del mismo nombre, en términos del Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de abril de 1987.

En dicho mandato se restringen actividades e infraestructura con el objeto de salvaguardar el patrimonio histórico y cultural.

(Dídier Madera)