Mérida, Yucatán.- El Hospital General de Tekax, inaugurado este jueves y cuya inversión total permanece oculta, sigue bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Así lo informó el senador Daniel Ávila Ruiz, quien presentó las denuncias formales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a las obras.

“Con la puesta en marcha del hospital no se arregla el asunto”, expresó en entrevista.

“Tenemos que saber los yucatecos cuánto nos costó, y si hay responsabilidades administrativas o de otra índole pues también se tienen que fincar responsabilidades”, emplazó.

Durante la ceremonia protocolaria de ayer, los titulares de Salud federal (SSA) y estatal (SSY) evitaron hablar del monto aplicado en casi 11 años de construcción de ese nosocomio.

En contraste, el legislador urgió a esclarecer el destino de los recursos federales desde la primera piedra en el Gobierno del panista Patricio Patrón Laviada hasta lo realizado en las administraciones priistas de Ivonne Ortega Pacheco y de Rolando Zapata Bello.

En caso de confirmarse anomalías, exigió sancionar a los responsables.

Refirió que hace menos de 15 días la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo que él promovió para que la SSA y el Gobierno de Yucatán den a conocer la situación que guardan los hospitales de Tekax y de Ticul.

De éste último, cancelado ya en definitiva, Ávila Ruiz exigió que las autoridades precisen también cuánto ha costado a los yucatecos a la fecha.

El 6 de mayo 2015, el Gobierno de Yucatán rescindió el contrato –bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS)–, a Infraestructura Hospitalaria de la Península, S.A.P.I. de C.V. y su obligado solidario, Marhnos Construcciones S.A. de C.V.

El litigio, según el senador del PAN, es “una deuda latente” para los ciudadanos en caso de que el Ejecutivo local pierda el juicio que se ha entablado en su contra ante juzgados federales.

Originalmente ese proyecto –adjudicado en septiembre de 2012– costaría aproximadamente cinco mil 800 millones de pesos a 25 años o más a favor del citado consorcio.

“Pues allí hay un litigio y una deuda latente que pudiesen perder los yucatecos más que el Gobierno del Estado, sería una deuda para los yucatecos”, apuntó Ávila Ruiz.

Por ello, ofreció que la lucha no ha terminado y que dará seguimiento a sus denuncias.

(Foto: Gobierno Yucatán)

(LectorMx)