Mérida, Yucatán.- Pequeños productores de al menos siete municipios reclamaron hoy a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) supuestas trabas en la autorización de proyectos que presentaron este año.
Integrantes de la Coalición Nacional Campesina y Urbana (CNCU) A.C. en Yucatán, acudieron a la Delegación de la dependencia para exponer su molestia y presionar la entrega de los apoyos.
“Nuestros proyectos no están siendo calificados y autorizados debidamente. Todo el recurso a nivel central se lo están llevando a los estados del norte”, reprochó Bartolomé Puga y Torres, representante Estatal en Yucatán de la agrupación civil.
En suma a la movilización nacional que llevó en días pasados a la toma del edificio central en la Ciudad de México, unos 50 de sus afiliados realizaron la “toma simbólica” de las oficinas de Sagarpa en Mérida.
“Pedimos antes que nada que los proyectos que tenemos presentados se evalúen de acuerdo a las reglas de operación y no a caprichos de la gente del centro (del país)”, dijo Puga y Torres.
Apostado con sus compañeros en el acceso principal del inmueble, en calle 2A Número 401, de la colonia Díaz Ordaz, el entrevistado exigió también que los proyectos que se ingresan en Yucatán sean calificados en el estado.
De esa manera, aclaró, nos permitiría subsanar las observaciones o en su caso discutir con los técnicos nuestros puntos de vista, aclarando las dudas que tengan referente a los proyectos.
Refirió que sus solicitudes ante Sagarpa contabilizan apenas tres o cuatro millones de pesos en beneficio de 250 personas de Yaxcabá, Acanceh, Tabi, Muna, Komchén, Yaxkukul, Sotuta y Halachó.
Aunque aseguró que la CNCU cuenta con unos cinco mil socios, por ahora sólo han podido inscribir a casi mil en el padrón gubernamental.
“No hemos podido registrar a los demás porque Sagarpa ha sido desmantelada con sus Cader (Centro de Apoyo al Desarrollo Rural) en los municipios, y no hay internet”, reveló.
El representante acusó que Sagarpa cambia constantemente de valuadores, lo que repercute en la calificación de los proyectos.
Refirió, por ejemplo, que sus agremiados si bien no califican como comunidades rurales con alta o muy alta marginación, sí lo hacen como comunidades indígenas, ya que aparecen de listas oficiales de CDI.
“Entonces están violando ellos las reglas de operación, porque dicen una cosa y califican con otro criterio”.
Sostuvo que existen “intereses creados” para marginar al sureste y Yucatán, con el fin de dar preferencia entidades federativas del norte de la República.
Por último, comentó que el Tratado de Libre Comercio sólo ha favorecido a los grandes industriales y especuladores que exportan los productos agropecuarios.
En ese contexto, advirtió que la venta de tierras en Yucatán está beneficiando a los “acaparadores” que compran a 15 mil pesos la hectárea, para luego ocupar a los campesinos como jornaleros y controlar la oferta y la demanda.
(LectorMx)
