Mérida, Yucatán.- Las denuncias por supuestas irregularidades en la licitación del reemplacamiento en Yucatán de este año implicaron a directivos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Yucatán.
El senador Daniel Ávila Ruiz llevó hoy oficios a la Auditoría Superior del Estado (ASEY) para que investigue el proceso mediante el cual se otorgó a un particular la elaboración de las 750 mil placas vehiculares.
Luego de presentar el caso el lunes en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el panista demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar los hechos presumiblemente constitutivos de delitos por actos de corrupción.
En el acceso de la ASEY, en donde no se permitió el acceso a medios de comunicación, afirmó que “hay indicios de conflicto de intereses” en este organismo local.
El representante legal, refirió, prácticamente el dueño de la empresa beneficiada Vitro Fomento Industrial, S.A. de C.V., es Juan Manuel Ponce Díaz, actual presidente de Canacintra en Yucatán.
“Yo exhortaría de manera muy respetuosa al Auditor Superior del Estado, a Mario Can Marín, que hace unos meses era presidente de Canacintra Yucatán, a que investigue este proceso de licitación simulada, amañada”, expuso el legislador.
La compañía ganadora ofreció por las 750 mil placas, tarjetas de circulación, engomados y recibos oficiales un costo promedio de 245 pesos más IVA, lo que representó una erogación de 182 millones 371 mil 520 pesos del presupuesto.
Advirtió que en la licitación pública para el reemplacamiento 2017 habría una red de complicidad conformada por unas cuantas empresas y un grupo de funcionarios estatales directamente involucrados en los procesos de licitaciones, quienes actúan en impunidad.
“No es posible que en una época difícil no solamente aquí en Yucatán sino en toda la República Mexicana, los gobiernos estén sangrando a los ciudadanos”, dijo el senador.
Además, precisó, a pesar de que en las bases de la licitación se estableció que no se otorgaría ningún anticipo, consta en documentos que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) entregó a la compañía en cuestión 50 por ciento de adelanto.
“Que el Auditor investigue todo este proceso de licitación y en su caso sanciones a los servidores públicos estatales involucrados en esto”, reclamó.
De acuerdo con un estudio comparativo, Yucatán es uno de los estados más caros para el reemplacamiento, cuyo precio se fijó este año en 986 pesos en promedio, además del pago de otros derechos e impuestos estatales, que suman mil 446 pesos.
En contraste, el juego de placas en el Estado de México cuesta 638 pesos, en Veracruz 800 pesos, en la Ciudad de México 642 pesos, en Guerrero 750 pesos y en Morelos 755 pesos.
Según sus cálculos, sostuvo que hubo perjuicio a la hacienda pública de cuando menos 66 millones 187 mil pesos y un sobre costo a los ciudadanos de Yucatán de 741 pesos, con lo cual el gobierno estatal consiguió “ingresos indebidos” por 555 millones 750 mil pesos.
Con ello, añadió, que la administración local recupera de manera abusiva los 227 millones 690 mil pesos anuales que dejó de percibir con la eliminación del impuesto sobre tenencia vehicular, derogado en 2016 y obtiene ganancias en detrimento del bolsillo de los ciudadanos.
Igual, anunció que el próximo martes presentará un punto acuerdo sobre el tema en el Senado suscrito por sus compañeros Laura Rojas, Sylvia Martínez Elizondo, Sonia Rocha Acosta, Raúl Gracia Guzmán, Víctor Hermosillo, Jorge Luis Preciado y Alejandro Encinas, así como por la diputada federal yucateca Kathia Bolio Pinelo.
(LectorMx)
