Mérida, Yucatán.- El fracaso de las plantaciones de jatropha en Sucopo, Tizimín, para la producción sustentable de biodiesel, refleja el fracaso de las políticas públicas de reglamentar, vigilar y exigir la aplicación de los estándares internacionales de producción sustentable, con consecuencias negativas para la comunidad local.

La investigadora Amarella Eastmond Spencer, del Centro de Investigaciones Regionales Hideyo Noguchi, planteó lo anterior durante su participación en el V Coloquio de Ciencias Sociales, en el que recordó las expectativas generadas por la firma estadounidense Global Clean Energy (GCE), la certificación de sustentabilidad adquirida y el cierre de operaciones a partir de 2012.

En un enfoque multidisciplinario de los problemas sociales de la Península de Yucatán, la experta planteó la necesidad de que las autoridades ejerzan una estrecha verificación de los procesos de implementación de tecnologías de energías limpias para evitar que ocurran casos como los de GCE.

Recordó que en el 2008 junto con socios mexicanos, GCE compró seis mil hectáreas de tierra privada como “ranchos abandonados” y obtuvo permiso para sembrar tres mil hectáreas de jatropha para biodiesel y dio empleo a 500 personas con la promesa de mantener la planta laboral durante los siguientes 30 años.

Sin embargo, pese a haber adquirido su certificado de sustentabilidad en 2012, que decía que cumplía con todo, cerró el proyecto porque los rendimientos no eran tan altos como esperaban, no fue rentable y despidieron a los jornaleros, recalcó.

“En varias entrevistas, los ex empleados de GCE expresaron su decepción en la actitud de expertos, traídos de diferentes partes del mundo para asesorar a la compañía, porque no se interesaban en los conocimientos locales milenarios de los campesinos sobre la fauna y la flora y el potencial agrícola de la tierra”, anotó.

“A través de la tala de monte alto, GCE simplificó el paisaje natural y cultural, reduciendo de esta forma la sustentabilidad del entorno, en vez de aumentarla, como declararon en el certificado de sustentabilidad”, agregó en su recuento de fallas en los estándares globales de la sustentabilidad.

“Lo que se observa es un desajuste entre los estándares globales para la sostenibilidad de los biocombustibles y la experiencia de la comunidad local que sufrió una pérdida masiva de empleos, una disminución de recursos naturales, servicios ambientales y otros impactos negativos en su vida cotidiana sin recibir ninguna compensación ni alternativa de empleo local”, anotó la investigadora en un informe previo.

En este caso, como en muchas otras intervenciones gubernamentales en Yucatán, las tierras clasificadas por las autoridades como “abandonadas” y por lo tanto disponibles para algún proyecto de desarrollo, en realidad proporcionaban beneficios y servicios ambientales vitales para la comunidad local, los cuales se perdieron cuando las tierras fueron convertidas en plantaciones de jatropha.

(Jesús Mejía)