Mérida, Yucatán. – Representantes de la sociedad civil formalizaron su rechazo a que el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Ailloud, sea promovido a vicefiscal anticorrupción.
En nombre de 30 asociaciones y activistas en lo individual, líderes ciudadanos entregaron al Congreso de Yucatán un documento en el que exigen la no ratificación de ese funcionario por ser omiso en su responsabilidad actual y complaciente con las autoridades estatales.
Cuestionaron que se haya propuesto a una sola persona, ya que, si bien se cumple con la ley, se reduce el análisis y consulta a un mero trámite.
“Se empobreció su aplicación, cuestionándose su legitimidad al negarnos la oportunidad de participar proponiendo a personas capaces y con el perfil requerido para que el Congreso del Estado dispusiera de una gama de oportunidades al seleccionar a quien represente los intereses de la sociedad, en lugar de optar por un vicefiscal a modo, sin el aval ciudadano”, denunciaron.
Por el contrario, estimaron mucho más conveniente contar varios nombres para escoger, y lanzaron la postulación de otros profesionales “con ética incuestionable” para el cargo: Katia T. Aguiar Cárdenas, Fabiola J. García Magaña, Jorge Fernández Mediburu y Erika V. Rejón Zozaya.
Preguntaron luego por qué siendo el gobernador Rolando Zapata Bello, presidente de la Comisión de Equidad de Género de la Conago, evitó incluir el nombre de una mujer en la lista, lo que hace más notoria, apuntaron, la ausencia de mujeres en su gabinete.
Las suscritas criticaron, además, que la modificación del decreto constitucional en la materia fue diseñada para aplicarle a “otros”, dado que entrará en vigor hasta el 1 de octubre de 2018, es decir, al día siguiente de que concluya el sexenio de Zapata Bello.
En el texto, que se hizo llegar también al Palacio de Gobierno, se pronunciaron porque el nombramiento se cumpla sin inclinaciones partidistas o de otra índole.
“La sociedad está cumpliendo expresando su voluntad, que esperemos sí sea escuchada por las fracciones parlamentarias que integran el Congreso del Estado de Yucatán”, dijo María Eugenia Núñez Zapata, de Mujeres Líderes, en la ventanilla de Oficialía de Partes.
A su vez, Adelaida Salas Salazar, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Yucatán, advirtió que la designación de Goff Ailloud implicaría una especie de “dedazo” para cubrir las espaldas a quien lo postuló.
“No es prudente; si ya están en el desacato, yo creo que no pierden nada con esperar”, aclaró, en referencia a retomar con calma el desahogo del asunto.
“No es la persona idónea (Goff Ailloud), y lo decimos con pruebas en la mano, y lo decimos porque estamos trabajando con personas que les han violentado y vulnerado sus derechos humanos; no lo decimos porque el señor nos caiga mal”, remarcó.
A las declaraciones de Goff Ailloud de que no quiere ser cautivo de la sociedad civil, Salas Salazar respondió que “osea a él le conviene las de a modo, a las que les pagan curso, les pagan viáticos y les pagan cosas”.
Las firmantes incorporaron al escrito, una capeta de casos en los que Codhey, según acusaron, ha incumplido, ha dado carpetazo o sus recomendaciones fueron muy tardías.
(LectorMx)
