Mérida, Yucatán. – La investigación sobre el programa para espionaje que el Gobierno de Yucatán adquirió aún no está cerrada, y la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) aún tiene en la mira descubrir quiénes fueron sujetos de la ilegal maniobra del Ejecutivo.

De acuerdo con José Flores Sosa, director de Comunicación de la organización no gubernamental, la falta de recursos ha impedido que puedan establecer casos específicos de espionaje por parte del Gobierno de Yucatán. Sin embargo, advirtió de que la indagación sigue abierta.

Entrevistado en el marco de la 4a Jornada de Derechos Humanos, el también periodista adelantó que están por publicar un informe llamado “El estado del malware”, en que se documenta todo lo que los gobiernos de las entidades han hecho en materia de espionaje, a través de dispositivos digitales.

Como ya se ha publicado, el 2015 una investigación periodística reveló que varios gobiernos estatales, a través de intermediarios, adquirieron de la empresa italiana “Hacking Team”, un programa de computadora para espiar.

El programa llega a los usuarios a través de un correo electrónico (mail) que, al abrirse, infecta el sistema y accede a información privilegiada no sólo documental sino incluso de ubicación, escucha y conversaciones. Esto ocurre, obviamente, sin que el usuario se dé cuenta.

Según Flores Sosa, sólo en dos estados, Puebla y Jalisco, se encontraron evidencias directas de que el programa fue utilizada para espiar a personas. En el caso de los demás estados (entre 12 y 13) sólo se documentó que adquirieron el programa espía.

Reiteró que su interés es publicar toda la información porque debe ser expuesta y revelada para evitar la impunidad, pues debe tener una consecuencia para quienes hayan hecho el uso de un programa ilegal.

¿Qué son los derechos digitales?

La R3D es una organización que estudia, investiga y defiende los derechos que se generan en las actividades humanas que se desarrollan en el ciberespacio, explica Flores Sosa.

Dijo que en internet surgen otras formas de ejercer los derechos, por ejemplo, de autor, a la información, de prensa, a la verdad, y a la memoria u olvido, lo que antes ni siquiera se configuraba cuando lo que se publicaba era impreso y tenía un límite.

“Ahora hablamos de ‘copiar-pegar’ algo inmediatamente, de que cualquier puede tener una copia de lo que se publica, o que la difusión es transfronteriza”, explica el periodista.

Aclaró que su función no sólo es investigar estos derechos sin defenderlo a través de lo que se llama “litigio estratégico”, es decir, sentar precedentes jurídicos para frenar leyes que “erosionan” los derechos humanos como, por ejemplo, el de saber.

En ese sentido, dijo que este año publicaron un estudio en el que evidenciaron el número de sitios con acceso a internet del programa “México Conectado”, por medio del cual el Gobierno busca garantizar un derecho que ya es constitucional, pero que mucha gente no lo sabe: el del libre acceso al ciberespacio.

La investigación de R3D demostró que el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), apoyada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), utilizó dos herramientas diferentes para medir el alcance del programa, por lo que no podía hablarse de un crecimiento, a pesar de que el presidente, Enrique Peña Nieto, lo había informado así.

Flores Sosa estuvo como expositor en una de las mesas de la 4a Jornada de Derechos Humanos, que concluyó este viernes 17 de noviembre, y en el que habló sobre el panorama general de la impunidad en México.

(EVM)