Mérida, Yucatán.- El reclamo por más de 900 millones de pesos del ejido Cinco Colonias, por las 204 hectáreas que se ocuparon en la ampliación del Aeropuerto Internacional de Mérida en 1994, está entrampado.
Frente a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos accesos estuvieron bloqueados hoy de 9:00 a 12:00 horas, el Dr. Pedro Villalobos García, comisariado de ese núcleo campesino, advirtió que, todo parece indicar, que el asunto quedará para el próximo sexenio.
“Porque esas autoridades no lo quieren pagar, no quieren pagar y quieren que lo pague el que venga, no sé quién sea”, explicó.
Afirmó que las gestiones infructuosas ante el delegado Jorge Montaño Michael, han derivado en un cuento de nunca acabar.
“No nos interesa entrar a hablar con él, porque no nos va a resolver nada”, puntualizó en entrevista, acompañado de unas 50 personas.
Con documentos en mano, acusó que el funcionario miente cuando ha declarado que el adeudo está finiquitado.
Según copia de una minuta firmada en 2013, Montaño Michael comprometió solicitar recursos a oficinas centrales para un avalúo actualizado de las tierras en cuestión y determinar la cantidad pendiente a cubrir.
Como testigo suscribió el escrito, el subdelegado de la Procuraduría Agraria (PA) en Yucatán, Felipe de la Cruz Díaz García, a quien los demandantes refieren como su principal testigo.
Hace 35 años se estableció un pago de 40 centavos por metro cuadrado en dicha superficie, pero los actuales 345 ejidatarios lo califican como “un vacile, una broma” que no aceptan.
En 2013 se estimó que el pendiente sumaría unos 900 millones de pesos, por lo que con la actualización respectiva ascendería a casi mil millones de pesos, a la fecha.
Los afectados mencionan que tampoco saben dónde acabó el “guardadito” de 40 millones de pesos que en ese entonces la SCT entregaría a modo de “abono”.
Villalobos García exhibió un resolutivo del Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Mérida, en un juicio de amparo contra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la PA.
Conforme ese texto, la expropiación de las 204 hectáreas no se ha ejecutado, por no cumplir con las formalidades legales: que estén presentes las dos partes para acordar el monto de la indemnización.
Por ello, el juzgador dictaminó:
1.- Que se realice la expropiación como debe de ser, con las dos partes presentes en una mesa.
2.- Que el avaluó esté actualizado, con precios actuales por metro cuadrado.
En los mismos términos se pronunció la Procuraduría Agraria y ahora el problema se turnó al Tribunal Agrario.
Faustino Mena Crespo, tesorero del ejido Cinco Colonias, reprochó que les han puesto muchas trabas.
“Y eso es lo que ve el Gobierno, no quiere pagarlo porque sabe que es bastante dinero”, comentó.
El grupo informó que el próximo jueves acudirían al Aeropuerto de Mérida para ejercer presión, aunque no prevén “cerrarlo” para evitar perjuicios a los usuarios.
(LectorMx)
