Mérida, Yucatán.- De 20 proyectos de energía “verde” en Yucatán, 18 aún están en “veremos”, debido a que las autoridades aún no cumplen con uno de los requisitos de ley: la consulta a las comunidades indígenas.
Solamente en 4 se les ha preguntado a las poblaciones si están de acuerdo con la instalación de aerogenadores o celdas solares, y de estos sólo 2 han sido aceptados, y con “irregularidades”, denunciaron organizaciones civiles.
Estos conflictos son sólo una parte de los que están surgiendo a lo largo y ancho de las comunidades mayas de Yucatán, porque los pobladores, en el menor de los casos, están sufriendo pérdida de su entorno ambiental. En el peor, se están quedando sin propiedades.
Este lunes, unas 10 organizaciones y poco más de 50 ciudadanos respaldaron un documento en que exigen a los candidatos al Gobierno del Estado de Yucatán que incluyan en sus campañas políticas el respeto a los derechos indígenas.
Llegada de aerogenadores al Puerto de Altura de Progreso. (Archivo/foto oficial)
El manifiesto trae 8 preguntas que también le plantean a los demás candidatos a diversos puestos de elección popular; les piden no sólo que respondan las preguntas, sino que se comprometan a realizar acciones para garantizar los derechos de la población maya.
Según los actividades, la falta de respeto a los derechos de las poblaciones originarias de Yucatán “está generando conflictos en comunidades que están representando una amenaza a la tranquilidad y seguridad que tanto apreciamos los yucatecos y que tanto se presume en el discurso político”.
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Rodrigo Llanes Salazar, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y quien encabezó la rueda de prensa, dijo que la falta de respeto a los derechos indígenas ha causado enemistad entre los pobladores de comunidades mayas, al grado de hay amenazas de muerte.
Se quejó de que los dirigentes empresariales de Yucatán insisten en que las consultas indígenas -un requisito que la ley prevé en todos los proyectos que afecten comunidades originarias- son un obstáculo para los negocios, cuando aplicarla es una obligación del Estado mexicano.
“Si realmente se respetaran los derechos del pueblo maya como la libre determinación, como el derecho de las comunidades a decidir su propio modelo de desarrollo (…) y dieran su consentimiento libre e informado probablemente no tuviéramos estos conflictos”.
Parques eólicos en Yucatán, detenidos
Rodrigo Patiño, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien ha dado seguimiento a los proyectos de energías renovables (que se generan con aire o luz solar) en Yucatán, dijo que hay más de 20 proyectos en cartera.
Sin embargo, aclaró que sólo en 4 casos se han realizado las consultas a la población, y que sólo en 2 se han aprobado. Los otros 2 están “atorados”.
Dijo que, en muchos casos, la principal irregularidad es que dejan al último la consulta para cumplir con el requisito, cuando debería ser un paso previo.
Intervino Rodrigo Llanes, quien citó el caso de la comunidad del municipio de Muna, en donde las autoridades prácticamente “se brincaron” uno de los 5 pasos de la consulta para pasar a la votación de los pobladores.
Dijeron que, como en ese caso, en las otras consultas hay irregularidades. En el caso de Tizimín, donde está uno de los 2 proyectos autorizados, aseguraron que las irregularidades en la consulta la vuelven poco representativa del deseo de los pobladores.
Sobre los parques eólicos en Dzilam, dijeron que aunque la Reforma Energética no los contemplaba -pues se hicieron antes de que se reformaran las leyes- las autoridades debieron realizar la consulta indígena, porque ésta no sólo se expresa en leyes secundarias sino también en la legislación internacional.
También mencionó el caso de la granja porcícola, en Homún, proyecto en el que el Gobierno argumenta que no es necesaria la consulta porque la ley no se refiere nunca a proyectos de este tipo, y reiteró que otras leyes amparan el preguntarles a las comunidades si quieren este tipo de empresas.
Granja de cerdos en Homún envenenará 40% del agua que llega a Mérida
Activistas denunciaron que los conflictos en poblaciones mayas ponen en riesgo la seguridad de Yucatán (Foto: Eduardo Vargas/LECTORMX.com)
Por su parte, Gabriela Torres Mazuera, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), describió algunas de las irregularidades de las que se valen los empresarios para quitarle las tierras a los ejidatarios.
Citó que en las listas de las asambleas ejidales aparecen nombres de personas que ni siquiera viven en el sitio, cuando es requisito legal para poder participar en las decisiones sobre la propiedad de la tierra.
Denunció, sin dar nombres, que funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN) y del Departamento Agrario del Gobierno del Estado, están coludidos con quienes violan los derechos indígenas, porque en vez de asesorar a los pobladores, los engañan para que vendan sus propiedades.
Precisó que más de la mitad de territorio (56 por ciento) de los 786 ejidos del Estado son propiedad de pobladores mayas.
Respuesta de los candidatos al Gobierno del Estado de Yucatán
Sobre la respuesta que esperan una vez publicado el documento, Margarita Rosales, investigadora del Centro INAH-Yucatán, dijo que esperan que los candidatos al Gobierno del Estado de Yucatán cuando menos se pronuncien a favor de incluir en sus campañas la defensa de los pueblos indígenas.
Aseguró que entre lunes y martes les harían llegar a los candidatos -no especificó cómo- el documento para que en los próximos días ellos puedan dar respuesta si no a todas las preguntas sí a las principales, y hablar sobre políticas públicas a favor de los mayas de Yucatán.
‘Despojo’ del ejido Chocholá, a manos de una “calera”, denuncian
Gonzalo Alcocer, integrante de la comisión de Vigilancia del ejido Chocholá, denunció la destrucción de una gran extensión de terreno (612 hectáreas) en donde hay cenotes, para construir una “calera”.
Aunque la obra está detenida gracias a un amparo que obtuvieron, la obra pone en peligro el patrimonio del ejido porque no sólo hay cuerpos de agua, sino también es lugar de apareamiento del venado cola blanca, una especie protegida.
Dice que en su lucha legal buscan que las 612 hectáreas vuelvan a ser propiedad del ejido, porque fueron vendidas a un empresario local, por medio de asambleas “amañadas”.
Rodrigo Llanes reiteró el objetivo de presenta el documento:
“En las campañas políticas hay un discurso de orgullo de la cultura maya antigua (…) ‘estamos orgullosos de nuestro hermanos mayas’, y se define una visión paternalistas en donde se dice que hay que llevarles más desarrollo, más programas, apoyos, y no hay enfoque de derechos, que es lo que queremos señalar en esta mesa”.
10 preguntas de ONG a candidatos al Gobierno del Estado de Yucatán
- ¿Cómo garantizará el derecho a la consulta previa de la población maya del Estado, para que participe en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente?
- ¿Qué acciones llevará a cabo para garantizar el ejercicio de la libre determinación de las comunidades mayas?
- ¿Qué acciones realizará en caso de ser electo a la gubernatura, a fin de que los organismos encargados de los asuntos agrarios e indígenas y la procuración de justicia garanticen la efectiva aplicación de los derechos de la población maya del estado?
- Algunos megaproyectos implementados en el estado de Yucatán ha privatizado tierras ejidales, con engaños, abuso de poder y generando división entre las comunidades mayas ¿Qué hará su gobierno para que no repita esta situación? ¿Qué acciones implementará a fin de contener y corregir esto?
- ¿Estaría dispuesto a cancelar aquellos proyectos que violan los derechos del pueblo maya?
- ¿Qué protecciones concretas propone para ejidos conformados por población maya a fin de promover, proteger y restablecer el control que comunidades y pueblos sobre tu territorio? ¿Qué organismos de su gobierno participarían en estas acciones?
- La seguridad en la tenencia de la tierra se consigue de mejor manera si se fortalece la participación democrática y deliberativa sobre las decisiones en torno a la tierra y el territorio ¿qué acciones concretas propone en esta dirección?
- Qué medidas tomará para evitar la contaminación del acuífero y del agua potable por plaguicidas cancerígenos, así como la acumulación de plaguicidas en sangre de la población rural donde se desarrollan los proyectos agroindustriales?
