Mérida, Yucatán.- A la proliferación del despojo de bienes en Yucatán, una de las fracciones parlamentarias del Congreso estatal respondió hoy con una propuesta contra el robo de identidad y la alteración de documentos oficiales, así como para hacer más duros los castigos.

Con ese fin, ingresó al Poder Legislativo una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley del Notariado del Estado.

“De este modo, podremos endurecer las sanciones e inhibir a quienes pretendan apoderarse del patrimonio de los ciudadanos mediante procedimientos ilícitos, y no encuentren vacíos legales que dejen impunes sus actos”, advirtió la diputada local Celia Rivas Rodríguez.

En nombre de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) explicó que es necesario llenar los vacíos legales que pueden llevar a cometer ciertos delitos.

“Específicamente aquellos relacionados con el robo de identidad”, puntualizó en la sesión ordinaria de este martes, en alusión a denuncias de particulares que se han ventilado en los últimos meses.

“Tales hechos, deben poner en alerta a la sociedad yucateca pues, como sabemos, recientemente se han dado casos de enajenación de bienes inmuebles por personas que usurpan la identidad de los propietarios a través de documentos falsos, con la finalidad de realizar operaciones de compraventa apócrifas”, citó.

La también presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la actual Legislatura, recordó que la actividad notarial se basa principalmente en el acuerdo de voluntades.

“Y que en los trámites que se realizan ante notarios o escribanos públicos, tales como las compraventas de inmuebles, ellos otorgan fe pública al asunto para dar certeza y validez jurídica”, dijo.

La norma que regula el ejercicio notarial en Yucatán, mencionó, data del año 2010 (que abrogó la de 1977), y cuya esencia fue modernizar esta actividad para otorgar seguridad jurídica a los actos y hechos jurídicos que requieren fe pública.

“Consideramos necesario proponer a esta Legislatura acciones firmes, cuyo propósito sea combatir severamente a todas aquellas conductas que atenten contra el patrimonio de las familias yucatecas”, agregó.

Rivas Rodríguez asumió la pertinencia de dar respuesta puntual a esa problemática y combatirla con un aumento de penas en la comisión de dichos delitos.

La iniciativa en cuestión plantea reformar el Código Penal del Estado, para tipificar como delito la alteración o modificación en un acta de matrimonio, con el fin de aparentar tener otro régimen de derechos conyugales, diferentes al verdadero; y cuya pena será de seis meses a seis años de prisión.

De igual forma, establece una agravante, en el caso de que un funcionario público participe en tales actos, aumentándose la pena para ser de 10 meses a 10 años de prisión.

Esta sanción también podrá ser mayor, si el documento alterado se usa para algún trámite ante notario o escribano público, imponiéndose de 8 a 16 años de prisión para quien lo cometa. Y para quienes se presten a testificar la supuesta veracidad del documento apócrifo, se les impondrá una pena de 12 a 24 años de prisión.

Y por último, para fortalecer la certeza jurídica del patrimonio de los yucatecos, la iniciativa incluye una reforma a la Ley del Notariado del Estado para contemplar este mismo incremento de penas y la prohibición explícita de las conductas mencionadas, asienta.

(Foto: archivo)

(LectorMx)