Mérida, Yucatán.- Representantes de la megagranja porcícola de Homún expusieron ante diputados locales haber sido víctimas de intentos de extorsión y de acusaciones sin fundamento de afectación del entorno natural, y  aseguraron que la planta es un “ejemplo nacional e internacional” de control de emisiones contaminantes.

Durante la sesión especial convocada por la Comisión Especial para el Caso Homún, realizada en el Congreso del estado, Ricardo Díaz Montes de Oca y Mónica Guag Nell, empresario y responsable técnico de operación de la planta, afirmaron que la totalidad del complejo se encuentra en condiciones de operar sin afectación alguna al medio ambiente.

Explicaron que la superficie techada donde se ubica la granja instalada en 117 hectáreas se encuentra completamente entubada, es decir, cuenta con un sistema de drenaje y otro de biodigestores que están conectados con la planta de tratamiento, la cual, aseguraron, está terminada.

La planta porcícola de la firma Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO) es” comparable a un hotel de la Riviera Maya” en cuanto a sus sistemas de tratamiento de aguas negras residuales, por lo que no habrá derrame alguno a mantos freáticos.

Según el empresario, la granja invirtió en tecnología de punta en el control de desechos que la hace única en todo el país.

Mientras tanto, cerca de un centenar de habitantes de la comisaría de Polobam del municipio de Homún acudieron a manifestarse a favor de la operación de la granja, ya que consideran ofrece empleos y seguridad social para las familias.

Con altavoces indicaron que no todos los poblados de Homún rechazan la granja. Antonio Dzul, uno de los manifestantes que desplegaron mantas y carteles de apoyo al complejo, dijo que además de fuentes de empleo, la empresa ofrece un consultorio médico a la comunidad.

Mientras tanto, en la sesión de la comisión, tanto el empresario como la responsable técnica admitieron que la granja comenzó a operar en septiembre -tal como denunciaron los pobladores-, pero que los desechos generados están en los biodigestores. La planta de tratamiento operará una vez que se cuenten con los residuos.

Según ellos, se ha cumplido con 12 ordenamientos legales sobre el tratamiento de los desechos.

Se declararon dispuestos a abrir las puertas de la granja a un Comité de Vigilancia con participación ciudadana para que pueda constatar la operación y el control de las emisiones residuales.

El empresario aseguró que han sido injustamente señalados como responsables de la contaminación existente en diversos cuerpos de agua de la región como cenotes y mantos freáticos, toda vez que la afectación existe desde hace muchos años.

Aclaró que las 117 hectáreas adquiridas para la instalación de la granja pertenecieron antes a un rancho, de tal forma que ya la zona se encontraba deforestada.

Ante representantes de los cenotes que operan en Homún y de organizaciones emergentes como el Equipo Indignación, lamentó la falta de disposición de los opositores a la planta, que en reuniones pasadas convocadas por el Ejecutivo estatal se retiraron sin querer escuchar el posicionamiento de los inversionistas.

Al principio de su intervención, acusó haber sido víctima de intentos de extorsión de los defensores de cenotes, y afirmó que el propósito de la planta es contribuir al desarrollo sustentable de la zona, generar empleos y bienestar a la comunidad.

La situación legal y el desahogo de pruebas a favor de la planta será definida en los tribunales el 10 de diciembre próximo para lo cual hará llegar todos los recursos legales necesarios para mantener su operación, remató.

Ponen fecha a próxima reunión en conflicto de megagranja porcícola

Luego de cinco horas de intercambio de información y opiniones entre los diferentes actores relacionados con el conflicto de la granja porcícola, la presidente de la Comisión Especial, Silvia López Escoffié convocó a otra reunión el próximo lunes 29 de octubre en la tarde para conformar lo que llamó un Comité de Confianza.

La idea, adelantó, es armonizar derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y el interés del Estado y de empresarios de impulsar las inversiones y proyectos de desarrollo.

Para ello, invitó a expertos en Derecho, así como a académicos para conocer experiencias y propuestas de marco legal para ello.

Igual se habló de la necesidad de agendar una visita a la granja y a los cenotes, pero sin definir fechas.

(Jesús Mejía/reportero)