Mérida, Yucatán.- Por unanimidad, las siete fuerzas políticas de la LXII Legislatura aprobaron el primer paquete fiscal 2019 de 83 municipios, la ley de ingresos y las reformas a la ley de hacienda de Mérida; además, avalaron las modificaciones a la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y el dictamen para otorgar la Medalla “Héctor Victoria Aguilar” a la doctora María Mendoza Fernández.

En la sesión ordinaria de este jueves, rindió compromiso constitucional Miguel Óscar Sabido Santana como nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), por un periodo de cinco años, ante la presencia de integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo, así como representantes de asociaciones civiles.

Referentes a la aprobación de las leyes de ingresos de 83 municipios, el dictamen original enumeraba 84, sin embargo, el diputado Warnel May Escobar (PRI) solicitó en tribuna retirar el correspondiente al ayuntamiento de Sinanché, para una mayor revisión y dar certeza a los habitantes de esta comunidad.

Sobre el mismo tema, Víctor Sánchez Roca (PAN) resaltó que fueron retirados empréstitos solicitados por algunos municipios porque “no habrá endeudamiento municipal para 2019” y adelantó que en los próximos días se hará lo propio con los ayuntamientos restantes al finalizar el primer periodo ordinario de la actual legislatura.

Al abordar la Ley de Ingresos de Mérida, Milagros Romero Bastarrachea (MC) lamentó el papel de la comisión de Presupuesto ante el “nulo interés de los cuestionamientos” sobre el tema, en particular en los rubros de participaciones federales y los impuestos al Aeropuerto de Mérida; no obstante, manifestó estar a favor del dictamen, porque aunque según dijo, no fueron respondidas en la comisión, si lo fueron por el Ayuntamiento de la capital yucateca.

En respuesta, Rosa Díaz Lizama (PAN), aseguró que sus cuestionamientos si fueron respondidos en la sesión del cuerpo colegiado y le preguntó a la diputada Romero por qué no solicitó retirar dicho dictamen en el seno de la comisión, como se hizo con otros municipios.

Sánchez Roca, recordó que cuando se distribuyeron las iniciativas y se solicitaron los dictámenes, a petición de la diputada Díaz Lizama, se dio como plazo un día antes de la discusión y votación del producto legislativo, entregar las observaciones por parte de los legisladores.

El presidente de la Junta de Gobierno, Felipe Cervera Hernández (PRI) informó que su fracción parlamentaria sostuvo mesas de trabajo con el Ayuntamiento de Mérida para despejar dudas de los asuntos y, aunque no en todos los puntos están de acuerdo, “sí estamos de acuerdo que los municipios tengan libertad hacendaria, siempre y cuando, no transgreda la ley”.

Sobre las reformas a la Ley del Insejupy, aprobado por mayoría, Karla Franco Blanco (PRI) argumentó que se hizo un trabajo serio, institucional y de respeto entre poderes, ya que se busca generar condiciones para mejorar la gestión pública de Yucatán, empero, pidió al Ejecutivo estatal, que tendrá la responsabilidad de nombrar a los titulares del instituto, que designe a profesionistas que cumplan a cabalidad los nuevos requisitos.

Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN), señaló que estas modificaciones son una muestra de que en este Congreso se puede hacer la labor legislativa desde un punto de vista general, pero contando con la especialización en la materia con el personal apto para ello.

Con el posicionamiento en contra de la modificación al artículo 212, Miguel Candila Noh (Morena) indicó que el Colegio de Abogados se manifestó en contra de estos cambios, mediante un oficio, por lo que los legisladores debieron tomar en cuenta este pronunciamiento.

Alejandro Cuevas Mena (PRD), argumentó que con estos cambios se quita candados para ocupar el cargo de titular del Instituto y se crea otros para los demás puestos en el organismo; al igual que dijo “da de que pensar” que el partido que gobierna actualmente, deseche la iniciativa del propio titular del ejecutivo estatal.

Díaz Lizama, respondió que no se desechó ni se minimizó la iniciativa del Gobierno del Estado, al contrario, se enriqueció y se mantuvo el espíritu de las reformas al artículo 212; además, el Colegio de Abogados, en el mismo oficio, indica en su tercer párrafo que los cambios sí pueden ser positivos si se considera la experiencia apropiada para el cargo de titular del Insejupy.

En el punto de la Medalla de Honor, Mirthea Arjona Martín (PRI) indicó que es un acto de justicia y reconocimiento al prócer de la historia y uno de los grandes legisladores que Yucatán ha dado al país, Héctor Victoria Aguilar, que en esta ocasión, se entregará a la doctora María Teresa Mendoza Fernández, distinguida mujer yucateca por su amplia, destacada y valiosa trayectoria profesional e incansable aportación en la formación de profesionales de la contaduría pública y de las finanzas.

En asuntos generales, María Moisés Escalante (PRI) presentó una iniciativa para derogar el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán.

Luis Aguilar Castillo (NA), presentó una iniciativa para modificar el Código de Administración Pública de Yucatán, con el objeto de que el Ejecutivo estatal destine un 3% de los puestos vacantes en la administración pública, para contratar a personas con discapacidad, propuesta a la que se adhirieron Cervera Hernández, Arjona Martín, Moisés Escalante y Kathia Bolio Pinelo (PAN).

En su turno, Manuel Díaz Suárez (PAN) presentó una iniciativa para abrogar la Ley de prevención de las adicciones y el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco del Estado, que ya resulta obsoleta, para crear la Ley de Prevención y Atención Integral de las Adicciones del Estado.

Además, Luis Loeza Pacheco presentó un proyecto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado para que elabore y expida el “Protocolo para la Implementación de Medidas de Protección a las Víctimas”.

Rodríguez Baqueiro, presentó uno más, para exhortar al Alcalde de Sucilá que interrumpa los cobros que se encuentra fuera de la Ley de Ingresos, relacionados al pago doble del servicio de agua potable y el cobro para el combustible por el servicio de traslado médico en las ambulancias en concepto de donativos al DIF Municipal; ambos fueron admitidos por mayoría.

Para finalizar, se convocó para la siguiente sesión ordinaria el próximo 15 de diciembre del año en curso, a las 11 horas, en la cual se realizará la clausura del primer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura.

INAIP Y IEPAC

En sesión de la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad el dictamen que integra la terna de candidatos a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Transparencia (INAIP).

También, avalaron los criterios y la metodología para la evaluación de la labor del titular de la unidad de control interno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), Wilberth Salazar Durán, quién solicitó su reelección al cargo.

(Comunicado)