Mérida, Yucatán.- Choferes que pagan renta por operar taxis (martillos) y operadores de la organización Taxistas Unidos se apostaron frente al palacio de gobierno para demandar que las placas que fueron entregadas y revocadas a los beneficiarios de la anterior administración de Rolando Zapata Bello les sean entregadas a ellos.

Criticaron el hecho de que fueron asignadas dichas concesiones a amigos, familiares y funcionarios allegados al anterior gobernador cuando ellos, como trabajadores del volante, llevan entre 8 y 15 años de espera.

Unos 40 operadores de taxis saturaron con sus unidades la calle 61 entre 60 y 62, frente a la sede del Ejecutivo Estatal para expresar su inconformidad por la falta de regulación al creciente número de unidades de plataformas y para solicitar placas para quienes sí se desempeñan en su actividad.

El pasado 28 de enero el gobierno del estado informó de la revocación de 593 concesiones de taxis, así como la cancelación de seis rutas del transporte por incumplimiento a diversas disposiciones legales.

Uno de los inconformes, Mauricio Rivera, explicó que la movilización, además de pedir las concesiones para los taxistas “martillos”, también tiene como finalidad protestar por la falta de aplicación pareja de la Ley de Transporte a todos quienes prestan servicio, incluidas las plataformas.

Explicó que los operadores digitales no son molestados por inspectores y autoridades de transporte, pese a que muchos de ellos operan en la ilegalidad como ABY, Easy Trip, In Driver, Nuup, Tey, Uber y recientemente Didi, ya que carecen de registro y permiso oficial.

Indicó que estos servicios, más los existentes como Big Driver, Muéve T, Cabify, Ride&Go y Tho Service, han saturado el mercado, de tal forma que muchos choferes que sí tienen permiso son afectados en sus ingresos en perjuicio de la economía de sus familias.

“Con la competencia desleal ningún negocio puede prosperar”, dijo el representante de los operadores de Taxistas Unidos, antes de ser recibido como parte de una comisión por el subsecretario de Gobierno, Víctor Hugo Lozano Poveda.

Expresó la molestia de sus compañeros de oficio por el trato injusto que reciben de las autoridades, ya que los taxistas tienen que pagar impuestos, seguro de vida y licencias de chofer.

“Ahora cualquiera tiene un carro semi nuevo y ya opera una plataforma, lo cual es injusto”, dijo otro operador.

En su encuentro con Lozano Poveda, pidieron al gobierno actuar en consecuencia y aplicar de manera estricta la ley, es decir, aplicar suelo parejo para todos.

(Jesús Mejía)