Mérida, Yucatán.- Posiciones polarizadas, tensión y expectación persisten en el medio social y político de Yucatán a unas horas de que el Congreso local analice y discuta de nueva cuenta la posibilidad de aprobar el matrimonio igualitario.

Representantes de organizaciones de la sociedad civil, que defienden la estructura tradicional de la familia, así como las que reclaman igualdad de derechos sin discriminaciones, expresaron posiciones encontradas que, en redes sociales y medios de prensa reflejan división de opiniones.

Dirigentes de asociaciones en pro de la familia demandaron se respete la decisión de rechazo de la mayoría expresada el pasado 10 de abril, pero organizaciones emergentes demandaron se deje de marginar a los llamados grupos minoritarios.

Este lunes a las 11:00 horas ha sido convocado el pleno para analizar la propuesta de reforma a la Constitución de Yucatán con el anexo de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al amparo 5459/2016, un respaldo en jurisprudencia.

Activistas de ambos bandos anticiparon que acudirán mañana a la sede del Poder Legislativo para presionar y apoyar a los diputados, según sea el caso.

Celiano Bojórquez, de la Asociación Familia y Valores, afirmó que quienes se pronuncian por el matrimonio igualitario constituyen son minoría que ni siquiera alcanza el uno por ciento de la población.

“El hecho de que un grupúsculo busque darle figura legal al matrimonio igualitario es el pequeño comienzo de la destrucción de la familia y del tejido social. Para hacer sucumbir a una nación, basta con acabar con la familia y eso pretenden los grupos minoritarios, los cuales no quieren la libertad sino el libertinaje”, declaró.

“Esos grupos nos quieren imponer ideas particulares a los padres de familia, los cuales tenemos derecho a educar a nuestros hijos”, dijo el líder de más de 50 miembros, entre padres de familia y jóvenes universitarios que fomentan valores en reuniones con estudiantes.

“En Yucatán somos una mayoría que no aprobamos el matrimonio igualitario. Quieren imponer algo de lo que estamos en desacuerdo, como ya lo demostró el Congreso de manera reciente”, recalcó.

Gerardo Pineda, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia capítulo Yucatán, señaló que los poderes del Estado deben continuar con su función de normar la vida social, política y pública, por ello deben conservar la definición del matrimonio como está establecido en la Carta Magna.

Acusó que el tema del matrimonio igualitario se viene impulsando desde el centro del país y desde el extranjero, incluso desde Naciones Unidas para que se dé un cambio.

El abogado y activista Carlos Escoffié Duarte, que defiende los derechos de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI), expresó que es urgente y necesario legislar sobre el matrimonio igualitario dado que ya existen avances en la materia en otros estados, la Constitución general protege la figura y las normas internacionales también.

El que no se permita esa figura –reveló– obliga a los interesados a contraer matrimonio del mismo sexo a buscar un recurso de amparo que cuesta entre 20 mil y 25 mil pesos, además de que no pueden ejercer derechos relacionados con seguridad social, migración e incluso atención médica.

El hecho de que los diputados vayan a retomar el tema mañana en el Congreso levanta, agregó, dudas y suspicacias, ya que no significa que vayan a aprobar dicha figura, incluso –continuó–, en el fondo puede haber razones de índole política que van a incidir en la decisión de los legisladores.

“Nos preocupa también que se vaya a utilizar de nueva cuenta el voto secreto mediante cédula entre los diputados locales, lo cual es violatorio al reglamento interior del Congreso”, alegó el entrevistado, quien demandó que cada diputado asuma de manera pública, ante la sociedad su postura.

Quienes señalan que sólo el uno por ciento de la población respalda el matrimonio igualitario representa un argumento simplista, superficial, carente de base científica, reviró.

“No se trata de saber cuánta gente busca ejercer este derecho. De hecho, de acuerdo con una publicación periodística, cerca del 50 por ciento de la población del estado respalda el matrimonio igualitario, del cual la SCJN ya dictó jurisprudencia.

También protege este derecho la Constitución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, por lo que el Estado mexicano y el Legislativo en el ámbito federal y local están obligados a respaldar este derecho, abundó.

“No se trata de un sector de la población que apoye o no apoye, sino de un derecho que ha sido conculcado históricamente”, precisó el abogado.

La SCJN planteó que la exclusión de las parejas del mismo sexo en las legislaciones locales no constituye propiamente una omisión legislativa, por lo que recomienda “acortar las distancias en la materia a fin de contemplar en la legislación figuras jurídicas que permitan la unión de parejas del mismo sexo”.

En la misma plenaria, los diputados yucatecos desahogarán la solicitud de autorización de empréstito por dos mil 620 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de seguridad, y clausurarán su actual periodo de trabajos.

(Jesús Mejía)