Mérida, Yucatán.- Una presunta red de venta de plazas, coordinada por Miguel Ángel Puch Montalvo, con el respaldo de las diputadas locales de Movimiento Ciudadano (MC), Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, fue denunciada por representantes de unos 350 defraudados.

José Eduardo Herrera Castillo, Joanna Aguilar, Ingrid Argüelles, Abigail Fiza Maldonado y Lourdes Pantoja, entre otros, así como el asesor jurídico Villevaldo Pech Moo, mencionaron que a cambio de acciones de proselitismo a favor de MC y de aportar determinadas sumas de efectivo, les ofrecieron puestos de trabajo en dependencias del gobierno estatales, así como del Ayuntamiento de Mérida.

Con las legisladoras presentes en reuniones –acusaron–, tanto en la sede del partido en Remate de Montejo como en una oficina de la colonia San Antonio Cinta, supuestamente entregaron hasta 20 mil o 25 mil pesos por persona a cambio de supuestos trámites para la obtención de plazas laborales, por lo que calcularon en poco más de tres millones de pesos el monto de lo defraudado.

Los afectados mostraron incluso copias y originales de supuestos contratos y compromisos fechados en enero pasado y firmados por Puch Montalvo y la actual titular de la Secretaría de Educación del gobierno del estado, Loreto Villanueva Trujillo, cuya rúbrica, dijeron, fue falsificada.

Relevaron haber expuesto este problema y el incumplimiento a las dos diputadas, quienes se deslindaron de las actividades de Miguel Ángel Puch Montalvo.

Sin embargo, las víctimas aseguraron que cuentan con audios, fotografías y videos en los que aquéllas siempre tuvieron trato directo y estuvieron al tanto de las actividades de Puch Montalvo, quien se ostentó como regidor del actual Ayuntamiento de Mérida y miembro de MC.

En Palacio de Gobierno y la comuna de Mérida, les respondieron que se tomarán cartas en el asunto.

Residentes de Mérida la mayor parte de ellos, alegaron que motivados por la necesidad de trabajo decidieron participar en tareas de ese partido, bajo la promesa de que tendrían mejores condiciones de vida con un empleo formal.

Por los hechos, intentaron levantar, sin éxito denuncia ante la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes ministeriales se negaron a recibir la querella dado que habría perjuicio a los propios demandantes, ya que se trata de compra ilícita de plazas.

Los afectados rechazaron haber incurrido en compra de plazas, ya que lo único que hicieron fue participar en actividades de MC y entregar dinero a cambio de lograr un trabajo seguro.

(Jesús Mejía)