Mérida, Yucatán.- La trata de personas con fines de explotación sexual es un problema común, que ocurre en todas partes del país, de manera velada y abierta; no existen datos precisos de ocurrencia por la naturaleza del delito, pero sí un alto grado de impunidad de casos de cerca del 90 por ciento.

El profesor investigador de la Universidad Panamericana, Emilio Maus Ratz, trazó el panorama complejo, pero al mismo tiempo grave de la trata de personas que se originó hace milenios y siglos con la esclavitud y hoy se da en todo el mundo con fines de explotación tanto sexual como laboral.

Durante su plática “Retos Jurídicos y Sociales en el Combate a la Trata de Personas” señaló que las mujeres y los niños son los más vulnerables, aunque también hay personas de la tercera edad y hombres como víctimas.

Expuso que Gobal Slavery Indy estimó en 2016 en 45.8 millones de personas con alguna moderna forma de esclavitud, en tanto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculó en el 2012 en 14.2 millones las personas en condiciones de explotación laboral y 4.5 millones en el tipo sexual.

Los trabajos forzados, explotación sexual, servidumbre doméstica forzada, explotación laboral de infantes y extracción de órganos son principales modalidades de explotación de la trata de personas, dijo el experto ante la audiencia reunidas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

Una forma común de trata de personas es el joven bien parecido que enamora adolescentes, a quienes incita abandonar el hogar de los padres para irse con él y ellas, que creen encontrar el amor de su vida, acceden a las pretensiones y van lejos a lugares desconocidos donde son explotadas sexualmente.

Advirtió que es responsabilidad de los estados perseguir este tipo de delito y procurar justicia cuando haya denuncia por medio, incluso por oficio, pero cuando sea de trata de personas extranjeras, la atracción la hace el gobierno federal.

Dado que las víctimas por lo general son personas que se encuentran en condiciones económicas y sociales de vulnerabilidad, o bien enfrentan estados depresivos, recomendó programas de prevención para evitar el “enganche” o captación y aplicar políticas de atención a la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades.

A las autoridades, sugirió combatir el problema de la impunidad y sancionar a las autoridades que, debiendo tener un mayor compromiso con la ciudadanía, participen en este tipo de ilícitos, ya sea encubriendo o formando parte de la cadena de captación, retención y explotación.

El especialista lamentó el alto grado de impunidad que prevalece en el país y ofreció datos oficiales: tan sólo en el 2017 ocurrieron en México 33.6 millones de delitos, de los cuales sólo fueron denunciados 10.4 por ciento y sólo en 6.8 por ciento fueron levantadas averiguaciones previas.

El no levantamiento de averiguaciones previas ha aumentado en la presenta década: en 2011 fue de 91.6 por ciento; en 2012, de 92.1; en 2013, de 93.8; en 2015, de 93.7; en 2016, de 93.6; en 2017, de 93.2. Entre esos ilícitos, apuntó, se encuentra la trata de personas.

Refirió que oficiales y policías han estado involucrados en ese tipo de actividades en otros estados, cuyos casos han repercutido en el índice de confianza ciudadana en general, la cual es en promedio en el país del 51.2 por ciento. En 11 entidades está por debajo del 50 por ciento, en 17 entre 50 y 60 y sólo en cuatro por arriba del 60 por ciento.

En ese sentido, destacó a Yucatán entre los que tienen mayor grado de confianza hacia sus policías, además de que es el más seguro, por lo que pidió a los presentes mantener ese ambiente y denunciar cualquier tipo de delito, incluso los de trata de personas.

(Jesús Mejía)