Mérida, Yucatán.- Ex directores del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y ex titulares de finanzas de las dos administraciones anteriores fueron denunciados por la quiebra del fondo de pensiones y jubilaciones de los burócratas estatales.

Los seis diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Congreso de la entidad presentaron el escrito a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), en el que estiman un presunto desvío por más de dos mil millones de pesos.

“Hay un riesgo inminente de una posible quiebra del ISSTEY y por eso creo que hay que aclarar muy bien los términos y también la situación en que dejaron el ISSTEY”, dijo Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del blanquiazul en la actual Legislatura.

“En la discusión nosotros no podemos permitir que se nos llame cómplices de corrupción y como PAN tenemos esa responsabilidad, pero ante todo lo estamos haciendo en total respaldo a los miles de trabajadores jubilados y pensionados que en dado momento pueden ver en riesgo sus pensiones y sus jubilaciones”, agregó.

Los denunciados son Víctor Manuel Sánchez Álvarez, Clemente Escalante Alcocer, Nerio José Torres Arcila, Zacil Leonor Moguel Manzur, Ulises Carrillo Cabrera, Milagros Castro Alcocer, Luz Gabriela Cáceres Vergara, Juan Ricalde Ramírez, Alfredo Dájer Abimerhi y Fernando Fernández Vargas, y demás que resulten responsables.

“A pesar de que el objetivo del Instituto es precisamente garantizar derechos humanos, protección a la salud y los medios de subsistencia y prestaciones económicas y sociales, la constante actuación de los servidores públicos encargados de la administración del Instituto fue proporcionar y propiciar el quebranto al patrimonio el mismo con el consiguiente perjuicio a los trabajadores al servicio del estado de Yucatán, sus familiares y dependientes económicos”, asienta el texto.

Manuel Díaz Suárez expuso que los gobiernos anteriores reconocieron el quebranto y el adeudo del ISSTEY por la falta de las aportaciones que el Ejecutivo debió hacer como patrón y por las cuotas retenidas a los empleados y no entregadas.

“En un abuso de autoridad y en un mal manejo de los recursos públicos se han aprovechado de las reservas territoriales, han vendido el patrimonio de los yucatecos para poder ir solventando el adeudo que tienen con el ISSTEY”, declaró Díaz Suárez.

Las cuentas del ISSTEY del año pasado no han sido revisadas, discutidas ni aprobadas.

Según el gobierno que entró en funciones el 1 de octubre de 2018, heredó un organismo mal administrado y con una normatividad fuera de la realidad, por lo que la “quiebra total” se registrará en 2021, poniendo en riesgo las prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados.

Y difundió que durante la gestión 2007-2012, de Ivonne Ortega Pacheco, el adeudo histórico al ISSTEY fue de dos mil 081 millones de pesos.

Para liquidar esa deuda, el sexenio de Rolando Zapata Bello creó en diciembre de 2014 el Fideicomiso de la Reserva de Ucú, utilizando terrenos propiedad del Estado, pero aún así dejó un adeudo de más de 173 millones de pesos por concepto de cuotas vencidas, más intereses moratorios.

La ASEY tendrá que determinar el tipo de acusación que procede, así como el posible delito, y presentar la querella respectiva ante las Fiscalía General del Estado o la Vicefiscalía Anticorrupción.

Estuvieron en la diligencia los diputados Kathia Bolio Pinelo, Paulina Viana Gómez, Víctor Manuel Merari Sánchez Roca y Miguel Rodríguez Baqueiro.

(LectorMx)