Mérida, Yucatán.- Las organizaciones no gubernamentales no se oponen a los proyectos de generación de energías limpias, lo que reclaman es un modelo de desarrollo de infraestructura que permita a las comunidades contar con beneficios sociales, expuso la doctora Gabriela Torres Mazuera.

La experta del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Peninsular) rechazó que exista una negativa sistemática en ese tema, el problema, dijo, es que existe una visión de los inversionistas de imponer los proyectos y acaparar los beneficios.

En entrevista, señaló que mediante la compra de autoridades y corrupción, los empresarios de los sectores de energía fotovoltaica y eólica, así como de agroindustria, han incumplido con las leyes en cuanto a la consulta a las comunidades y ejidatarios.

La también activista del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) refirió que hombres de negocios han comprado tierras ejidales a precios ridículamente bajos sin generar un modelo de desarrollo integral en las zonas de impacto.

“Se reparte dinero a los ejidatarios en comunidades donde han proliferado la venta de bebidas alcohólicas y las asociaciones religiosas sin que se diseñe una estrategia que implique crear obras públicas y de asistencia a la población”, puntualizó la investigadora.

Advirtió que empresas extranjeras y locales, además de no generar ningún tipo de retribución social, ocasionan con sus proyectos un fuerte impacto ambiental que no están dispuestos a reparar, aunado a que pretenden contratar personal con salarios miserables.

De esta manera, justificó las protestas y amparos contra los procesos de instalación de 24 proyectos de energías limpias programados para operar en Yucatán en el próximo lustro.

En el país –abundó– contamos con excelentes leyes en materias ambiental, agraria y energética, pero no se cumplen, ya que los empresarios incurren en corrupción y compra de funcionarios en vez de compartir los beneficios económicos de los proyectos.

En Ecuador y Bolivia, citó, se han aplicado modelos de desarrollo e inversiones bajo un control más estricto de los gobiernos, lo que ha traído consigo más beneficios a las comunidades y crecimientos del seis por ciento en sus respectivos PIB ( Producto Interno Bruto).

La especialista en temas de privatización de la propiedad social en México comentó que en esos países el desarrollo económico no está peleado con la aplicación correcta de las leyes.

Y más aún en Europa –contrastó–, en naciones como España, las empresas han constituido fideicomisos en las zonas de impacto para aportar recursos, resarcir daños y compartir los beneficios.

Torres Mazuera, quien realiza estudios sobre “(I) legalidad e (I) legitimidad social de la enajenación de tierras ejidales en un contexto neoliberal”, acusó que los proyectos de generación de energías renovables, así como los agroindustriales tienden a procurar ganancias para los grandes empresarios sin generar bienestar y desarrollo social.

“Hay que pensar en el interés público, no sólo en el privado”, resumió la experta con dos proyectos en marcha: “La transformación del ejido como institución multifuncional en el nuevo contexto agrario. El caso de Yucatán”, y el “El IFE y los procesos electorales en regiones indígenas”, éste último financiado por la Fundación Ford y CIESAS-DF.

(Jesús Mejía)